La Agrupación de Familiares y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en dictadura, criticó la fuga de René Villarroel y las facilidades que da el sistema a los sentenciados por crímenes ocurridos durante el régimen de Augusto Pinochet.
El oficial en retiro de Carabineros se había comprometido a presentarse el viernes pasado a más tardar a las 14:00, para que sea notificado y trasladado a Punta Peuco, donde deberá pasar 15 años y un día. Esto porque fue declarado culpable de los crímenes del exdiputado Luis Espinoza y el campesino Abraham Oliva, acribillados en diciembre de 1973 al norte de Frutillar.
Sin embargo, no llegó.
La sentencia confirmada a fines de junio por la Corte Suprema, castiga también al sargento Carlos Tapia, quien debe purgar una década de presidio, tras presentarse en el 34º Juzgado del Crimen en la región Metropolitana.
El actual escenario produce incomodidad en la Agrupación de Familiares y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en dictadura, donde su presidente en Puerto Montt, Alfredo Árgel, dijo estar enojado, ya que el sistema siempre lo mantuvo con beneficios.
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La abogada querellante, Pamela Sánchez, dijo esperar que sus colegas no estén encubriendo a Villarroel.
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El jurista que defendió al también denominado “Juan metralla”, Gaspar Calderón, aseguró que no ha tenido contacto con su representado, limitándose a comentar las decisiones judiciales en torno al caso.
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René Villarroel lleva más de 48 horas declarado prófugo y es la PDI la institución a cargo de la respectiva orden de captura.