Un reformalización de cargos pedirá la Fiscalía de Puerto Montt en contra de los cinco imputados, todos extranjeros, por su participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Puerto Montt, región de Los Lagos.
Actualmente, los acusados identificados con las iniciales Y.A.S.L., H.J.A.R., H.J.A.O., J.C.U.M. y M.J.P.J., están en prisión preventiva tras ser formalizados por dicho delito a fines de marzo.
Según se estableció en la investigación del Ministerio Público, los sujetos pertenecerían a la peligrosa banda internacional Tren de Aragua y en concreto se dedicaban al ingreso de mujeres por pasos no habilitados al país, para luego trasladarlas al sur y ahí obligarlas a ejercer la prostitución.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante en esta causa y pedirá al Juzgado de Garantía de Puerto Montt la ampliación de su querella para incluir a las nuevas víctimas que incorporará la Fiscalía en su reformalización.
Se trata de entre seis a ocho mujeres (de entre 18 y 25 años) que se sumarán a las ya consideradas (6) en la querella del INDH, las que entre septiembre y noviembre de 2021 fueron obligadas a prostituirse bajo las condiciones impuestas por la red.
El jefe regional de INDH Los Lagos, Mauricio Maya, señaló que “consideramos que la trata de personas es un delito muy grave que atenta contra la integridad física y síquica, y la dignidad de las personas. Es lo más cercano a una forma de esclavitud moderna y debe ser erradicada, para eso actuamos como Instituto”.
De acuerdo con la indagación del Ministerio Público, desde agosto del 2021 a marzo pasado, cuando se registraron las detenciones, los integrantes de la red cumplían roles para perpetrar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Así obtuvieron importantes ganancias desde su centro de operaciones ubicado en Puerto Montt.
El modus operandi de la organización consiste en captar jóvenes venezolanas dentro de Chile, Colombia y/o Venezuela, ofreciéndoles acogida en el país, para luego cobrarles por ingresarlas clandestinamente y explotarlas sexualmente, restringiendo su libertad de diversas formas.