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La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), a través de su titular, Jorge Rivas, confirmó que desestimó la caducidad de la empresa Essal, al considerar que esta firma ya fue traspasada a otros dueños.
No obstante, pese a que la empresa apeló la cifra, la SISS confirmó la multa de $1.700 millones, la que fue calificada por el organismo como una “multa histórica”.
Según detalló la Superintendencia en un comunicado, “tras un análisis exhaustivo del recurso de reposición interpuesto por la sanitaria, se ha determinado que es responsable de cada uno de los nueve cargos en su contra y que, en consecuencia, se mantiene la multa equivalente a $ 1.697.443.200, la mayor sanción monetaria interpuesta a un concesionario por infracciones de esta naturaleza”.
Adicional a esta multa, está la que la empresa pagó según lo dispuesto en la Ley del Consumidor a los 47 mil 519 usuarios afectados por el corte de suministro, esto es, $5.927.578.099.
Las 9 faltas fueron las siguientes deficiencias:
1) La calidad del servicio de producción y distribución de agua potable
2) En la continuidad del servicio de distribución de agua potable, al haber incurrido en un corte no programado entre los días 11 y 17 de julio de 2019.
3) En la continuidad del servicio de distribución de agua potable, al haber incurrido en un corte no programado entre los días 17 y 21 de julio de 2019.
4) Haber afectado a la generalidad de la población con la falta de operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Caipulli, lo que no solo implicó que un 97,9% de los clientes en el primer corte y un 50,6% en el segundo dejaran de recibir suministro de agua potable, sino que repercutió en el normal desarrollo de la comunidad.
5) Haber puesto en peligro la salud de la población, por no haber ejecutado medidas preventivas y correctivas adecuadas y efectivas para hacer frente a la prolongada falta de suministro.
6) Haber infringido las instrucciones entregadas por la SISS y no haber cumplido los estándares definidos respecto al accionar en situaciones de emergencias.
7) Por no haber cumplido la instrucción de otorgar suministro alternativo.
8) Tras haber sido fiscalizado y haber constatado que no se estaba dando cumplimiento a instrucciones entregadas por la SISS, como consta en el acta N° 14.049, por no haber contestado oportunamente el correo enviado por el jefe regional, el cual tenía como finalidad informar con urgencia a distintas autoridades.
9) Haber entregado información manifiestamente errónea a las autoridades y a la población a través de correos electrónicos y lo publicado en la página web, donde se comunicaban erradamente las causas del corte del suministro, estimación del tiempo de reposición y los puntos de abastecimiento alternativo.
La decisión se dio a conocer la tarde de este viernes en un encuentro, en donde se argumentó por qué se reafirma la multa y por qué no correspondería el proceso de caducidad.
Según explicó la SISS en este último aspecto, la empresa que asumió el mando de Essal, Algonquin Power, ha hecho todas las observaciones y enmiendas respecto a 36 puntos que fueron cuestionados una vez ocurrió el megacorte en Osorno por más de 10 días, en julio de 2019.
De esta manera, no sería necesario incurrir en el proceso de caducidad, puesto que ya se estaría garantizando la adecuada y segura prestación futura del servicio del agua. Así lo detalla el comunicado: “Habiendo los dueños de la empresa ESSAL S.A. vendido las concesiones de Osorno, y todas las restantes, a un nuevo dueño en octubre 2020, no se considera necesario proceder en este sentido puesto que la nueva administración ha logrado cumplir con las exigencias y asegurar debidamente dichos servicios y derechos de los usuarios”.
En tanto, la resolución generó distintas reacciones. Una de ellas fue de rechazo por parte del presidente de la Asociación de Consumidores de la ciudad, Luis Álvarez, quien dijo a Radio Bío Bío que “esto demuestra que el Presidente de la República no fue capaz de ponerse de parte de la ciudadanía”, ya que el Ejecutivo no habría aprobado ir más allá, limitando lo que pudo haber sido una “lección” para las empresas.
Por su parte, Aguas Andinas señaló que respeta la decisión y que “el hecho que afectó a la comunidad no es representativo de la labor que la empresa ha desempeñado en la zona”. Asimismo, aseguraron que Essal siempre estuvo dispuesta a colaborar y que prueba de ello fue “el cierre del acuerdo con el Sernac, las compensaciones voluntarias que entregó a los clientes y los altos niveles de inversión ejecutados en los últimos años”.
Recordemos que Osorno estuvo 10 días sin suministro de agua potable, luego de que ésta se contaminara con petróleo, hecho que fue calificado por la empresa y el intendente Harry Jürgensen como un “error humano” y que a su vez develó una serie de irregularidades al interior de la planta.
