Cientos de familias vieron totalmente trastocadas sus rutinas luego del derrame de petróleo en el sistema de producción de la planta de Essal, y que nadie reconoció si no hasta varias horas más tarde.
A la fecha, no se ha comprobado si la contaminación con hidrocarburos llegó a las llaves de los hogares. Esto, considerando que la sanitaria demoró al menos medio día en confirmar la contaminación con petróleo, que afectó a 49 mil viviendas, es decir, cerca de 180 mil personas, un 97,9% de la población.
Pero además, la contaminación afectó también a dos cursos de agua, el río Rahue y el río Damas.
Indignación ciudadana
El caso marcó un precedente en Osorno, donde la comunidad salió a las calles a solicitar lisa y llanamente el fin de la concesión en la distribución del agua potable a la empresa Essal. Incluso, siete días después del derrame, se realizó una masiva marcha que convocó a miles de personas que se manifestaron en contra de la sanitaria.
A poco más de un año de una de las principales crisis sanitarias que ha registrado el país, la Mesa Social y la Asamblea Medioambiental concuerdan con que no se gestó una real justicia con la comunidad.
Sus dirigentes concluyen que, a un año del derrame, hoy no hay cambios, ni disposiciones y existe poca información, asegurando que el interés económico ha estado por sobre la comunidad.
Compensaciones polémicas
Dos procesos compensatorios -que sumaron sobre los $6.310 millones- además de acuerdos con el Comercio, llevaron a Essal a pactar arreglos con los cerca de 50 mil clientes.
Una situación que tuvo altos y bajos con el pasar del tiempo. Por un lado consumidores en Osorno calificaron como un hito histórico el uso del Procedimiento Voluntario Colectivo, mientras que desde las Ferias Libres, aseguraron no haber recibido compensaciones.
Un primer apronte fue la inversión por parte de Essal de $2.914 millones por concepto del Artículo 25-A de la Ley de protección del Consumidor, que fue dirigido a clientes residenciales que se vieron afectados.
Posteriormente, la sanitaria aceptó el Procedimiento Voluntario Colectivo propuesto por el Sernac, desembolsando $3.013 millones de pesos adicionales para una nueva compensación que figuró como Descuentos en las boletas de los clientes este año.
En cuanto al comercio, la empresa asegura que destinó más de $400 millones compensatorios para este sector, una instancia que recordemos fue gestada con la Cámara de Comercio de Osorno, donde se agruparon distintos representantes.
Entre ellos estaban los locatarios del Barrio Lynch, quienes según su representante, Mario Uribe, si bien reconoció haber obtenido algún recaudo, en el barrio histórico sólo un 70% fue compensado.
Quienes dicen no haber recibido compensación, son los representantes de la feria libre de Rahue, Juan Carlos Chaura, quien comentó que sólo recibieron la restitución domiciliaria y no como feriantes.
Una empresa “penquita”
Recordemos que tanto el superintendente Rivas, como el entonces subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios -actualmente ministro de Economía-, cuestionaron duramente a la sanitaria.
Incluso, Palacios tildó a la empresa de “penquita”, luego que el presidente Piñera visitara la comuna y abriera la llave para comprobar el retorno del suministro, pese a que horas más tarde el sistema presentó fallas y tardó otros dos días en volver.
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Posteriormente, el 11 de julio, el actual ministro de Economía respondió a las consultas al respecto durante una visita a Temuco, donde bajó el tono a la polémica.
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Otra entidad que también abrió procesos sancionatorios tras comprobar el vertimiento directo de 1.100 litros de hidrocarburos al estanque de agua, fue la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
La entidad confirmó una serie de infracciones reglamentarias y falta de personal adecuado para desempeñar labores.
Por ello la empresa arriesga multas sobre $5.800 millones. Mientras que desde el organismo en la zona, indicaron que -en general- siguen los procesos administrativos sin resoluciones finales todavía.
El máximo castigo para Essal, pero sin caducidad
Finalmente el pasado miércoles, a poco más de un año del desastre, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) cursó una millonaria multa por el corte del suministro.
El superintendente, Jorge Rivas, señaló que se aplicará la multa máxima permitida por la Ley que supera los mil millones de pesos ($1.640.878.080).
La sanción tiene relación con seis de los nueve cargos que se le acusaban a la empresa, entre ellos, por haber incurrido en cortes de agua no programados; por haber puesto en peligro la salud de la población; y por haber entregado información errónea respecto de los problemas que la empresa tuvo durante todo este periodo de tiempo.
Mientras que por otro lado el expediente de caducidad que inició la SISS, aún no arroja resultados.
Tras el anuncio de la multa, la sanitaria informó que su equipo jurídico estudia presentar un recurso de reposición ante el SISS y los tribunales de justicia.
A través de un comunicado, desde la empresa tildaron el monto de la multa como desmedido, argumentando que “carece de precedentes a nivel de industria en los últimos años”.
También asegura que tras la contaminación que dejó a gran parte de la población local sin agua potable, se accedió al Procedimiento Voluntario Colectivo, que significó una compensación de 3.005 millones de pesos, distribuidos en $63.250 por cliente afectado.
A esto se sumaron los descuentos establecidos en la Nueva Ley del Consumidor.
¿Qué pasó con los políticos?
Durante una visita a Osorno en medio de la emergencia, el presidente Sebastián Piñera dijo estar con la comunidad y anunció entonces sanciones.
Precisamente, uno de los procesos cuya respuesta es clamada por la comunidad osornina es la disposición presidencial respecto a la continuidad de operaciones de la sanitaria, resultados que debían conocerse en marzo.
El alcalde Jaime Bertín, sostuvo en su oportunidad que no hay excusa para no entregar una resolución definitiva.
Más optimista, el intendente Harry Jürgensen recordó el ejemplo de solidaridad que trajo la crisis, donde comunas de Los Lagos y Los Ríos acudieron en apoyo de Osorno.
También valoró que no hubieran enfermos durante la contingencia y las compensaciones efectuadas por la empresa, junto a la enseñanza del proceso.
Proceso judicial en suspenso
La persecutora que quedó a cargo de las diligencias durante la crisis del agua, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, indicó que éstas continúan aunque reconoció que se han visto retrasadas por la pandemia.
Recordemos que por esta causa el Ministerio Público indicó que revisaría la cadena de mando de la sanitaria, debido a la serie de irregularidades reveladas en la planta ubicada en Caipulli y que fueron consideradas de “alto riesgo”.
Mientras que respecto al único operario a cargo de mantener la planta durante el turno de noche, -quien incluso debía golpear con una piedra el marcador de combustible para evitar rebalses- decidió aislarse.
Essal realizó fuerte inversión para continuar operando
A un año de la crisis del agua, que marcó al 97,9% de la comuna de Osorno, la sanitaria continúa proporcionando agua potable a la ciudad.
Aseguran que han invertido unos $18.300 millones de pesos para robustecer sus procesos, tanto en las regiones de Los Ríos, como en Los Lagos.
Pero no todo ha sido buenas noticias. La crisis de la sanitaria también golpeó a altos directivos, quienes incluso debieron abandonar sus cargos al poco andar.
Entre ellos se cuenta a Guillermo Pickering, quien estuvo a la cabeza de Aguas Andinas y también de Essal.
El desastre tuvo un serio impacto en las instalaciones para potabilizar y almacenar agua, lo que obligó a reconstruir gran parte de las instalaciones. Y desde entonces trabajan en desarrollar inversiones en infraestructura, compensar a sus clientes y profundizar lazos con la comunidad.
En tanto, según la Memoria de la compañía, hasta diciembre del 2019 aumentó en 9 cupos su planta de trabajadores, cifrando en 404 el total de sus trabajadores en ambas regiones.
Sobre sus ingresos, obtuvieron la mayor cantidad de fondos por concepto de agua potable, aguas servidas y otros, con $60.355 millones, presentando también por primera vez pérdidas en utilidades, que llegaron a $1.034 millones.
La precaria infraestructura de la planta Caipulli, junto a la falta de accionar de un funcionario, no sólo dejó en evidencia las irregularidades en Osorno, reveló también las graves falencias del sistema sanitario en el país y falta de sanciones.
La realización de esta crónica contó con la colaboración del equipo de prensa de Radio Bío Bío de Osorno.