Los gremios del sector público en Los Ríos se declararon alerta ante los anuncios de desvinculaciones por parte de diversos servicios, los que se concretarían en el último día hábil de noviembre, todo dentro de la actual crisis social que atraviesa el país.

Son al menos dos los funcionarios públicos que han sido desvinculados hasta la fecha, según informó la presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales en Los Ríos (ANEF), Nancy Silva, pese a los compromisos del Gobierno Regional de terminar las malas prácticas en materia de estabilidad laboral.

Silva agregó que tanto en la cartera de Desarrollo Social, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Genero, e incluso el Servicio Nacional del Adulto Mayor se han visto afectado por estas situaciones.

Catalogando los anuncios de despido como amenazas, la dirigente llamó a terminar con las malas practicas insistiendo en que se trata de funcionarios que cuentan con una confianza en su capacidad técnica y antigüedad.

De acuerdo a el presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Publica (Fenfusap), Ricardo Rivera, el clima de inestabilidad laboral es constante, esto se suma a prácticas de arbitrariedad en las desvinculaciones pese a las buenas evaluaciones de los funcionarios, esto los ha llevado a mantenerse en alerta.

Para la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Educación (Andime), Orieta Mera, esta inestabilidad deriva en efectos a la salud de los trabajadores, más aun cuando el representante de la cartera en la zona les anunció que ya habría un listado de despedidos que será confirmado este viernes.

Desde el Gobierno en Los Ríos, el intendente Cesar Asenjo, no descartó las desvinculaciones, pero aseguró que estas serían en torno a un correcto proceso de evaluación de los funcionarios, por lo que se solicitó fundamentar de manera sólida la toma de decisión en los casos de no renovación de contrato.

Los representantes de los gremios calificaron la situación como completa, pues la proporción de funcionarios de planta es mínima y donde una buena evaluación o un periodo de funciones de más de dos años ya no es garantía de su estabilidad futura.

Por lo mismo desde la ANEF, insistieron en que el derecho al trabajo es también una demanda social, siendo además necesario mantener la estabilidad del sector publico para aportar a una solución al actual estallido social.