Tras dos años del término del caso por la muerte de la contadora Viviana Haeger, su familia demandó al Estado de Chile acusando torturas contra Jaime Anguita Medel, de 62 años, esposo de la mujer y uno de los principales sospechosos, quien fue absuelto del delito de parricidio.
Además de esto, según informó La Tercera, la familia acusó negligencias por parte de todas las instituciones que se vieron involucradas en el caso, las que serían Fiscalía, el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones.
En 2017, los tribunales absolvieron a Anguita Medel como presunto autor de parricidio, debido a que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en el juicio no bastaron para acreditar su supuesta participación, mientras que la justicia declaró culpable de robo con homicidio a José Pérez Mancilla, quien fue condenado a una pena de 10 años de cárcel por la muerte de Viviana Haeger.
Según indicó el medio, luego de dos años la familia exige ser indemnizada en $1.998.125.980 por los daños ocasionados a raíz de la falta de servicio de los organismos públicos mencionados.
En la acción decidieron acudir a tribunales, donde denuncian que Jaime sufrió “torturas” por parte de entidades del Estado de Chile. A modo de ejemplo, afirmaron que desde el 8 de diciembre de 2015 y por el lapso de más de un año y nueve meses, Anguita fue encarcelado como el principal sospechoso de la muerte de su mujer.
“Como primera medida, se requirió a Gendarmería que aplicaran la política por riesgo de suicidio, por lo que durante más de seis meses no pudo dormir con la luz apagada, es decir en oscuridad, era despertado reiteradamente en las noches y debía dormir vigilado por un gendarme quien estaba en la misma celda que él”, consignó la demanda.
“Esto generó un profundo estrés y llega incluso a ser un ejemplo claro de tortura en contra del demandante que fue víctima de la negligencia del Ministerio Público, de la PDI y del SML, pero que de igual forma fue torturado por orden de un servicio dependiente del Estado que tiene como obligación velar por la protección de sus derechos”, acusó la familia en conjunto a su abogada representante.