Este miércoles, el Ministerio Público confirmó que sus diligencias en la investigación por el caso de contaminación con petróleo en el agua potable de Osorno, servicio proporcionado en la zona por la empresa Essal, busca establecer responsabilidades penales más allá del trabajador al que se acusa como culpable del error humano que generó la catástrofe.

En concreto, la fiscal María Angélica de Miguel señaló que una de las figuras que investigan es la contemplada en el artículo 291 del Código Penal, que castiga con penas de entre tres años y un día a cinco años el introducir cualquier tipo de elemento, ya sea toxicológico o bacteriológico, al suministro de agua potable.

Sumado a ello, la persecutora también confirmó que indagan la figura establecida en el artículo 76 de la Ley de Pesca, que lleva asociada una sentencia que fluctúa entre los 61 días de presidio hasta los tres años de cárcel, lo que va aparejado con una pena de multa.

De esta manera, con tales ilícitos, se dio inicio a la investigación en la materia, ratificó de Miguel.

Lo anterior ocurrió durante la misma jornada en la cual se restableció el suministro en Osorno luego de seis días, sin embargo, este duró solamente dos horas.

Pese a ello, en un viaje a la zona, el presidente Sebastián Piñera dio por superada la emergencia.