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El Consejo de Defensa del Estado se querelló ante el Juzgado de Garantía de Rancagua contra el suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, acusándole de filtrar documentos de uso exclusivo de la Fiscalía relativos a investigaciones por Ley de Drogas.
Esta marcaría la primera vez que dicha entidad que defiende los intereses del Estado se querella contra un fiscal regional, cuya formalización por faltas a la probidad estaría siendo preparada por el Ministerio Público.
Según detalla La Tercera, en el documento firmado por la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, se acusa que Arias de tres delitos (aunque se podrían configurar aún más, como “obstrucción a la investigación”), dado que habría ordenado a subalternas sustraer antecedentes de un sujeto investigado por narcotráfico desde el sistema interno del Ministerio Público.
Los hechos habrían quedado al descubierto el 13 de mayo de 2018, cuando un hombre informó al departamento del OS-7 de Puerto Montt asegurando que tendría información de que su hijo estaría involucrado con un presunto narcotraficante identificado como Patricio Navarro, con quien irían a Valparaíso a comprar drogas para distribuir en la capital de la región de Los Lagos.
Envió dicha información en un correo electrónico adjuntando los antecedentes. En éste, sin embargo, habría adjunto también un “extracto SAO” con extensa información sobre Navarro, que es un documento relativo al Sistema de Apoyo de Operación de uso exclusivo del Ministerio Público en sus investigaciones penales, al que el hombre no debería tener acceso.
El documento constaba de “nueve páginas en las que se consigna información sobre órdenes de detención pendientes y múltiples investigaciones por ley de drogas seguidas en su contra, además de datos personales del mismo, tales como su nombre, rut, fecha de nacimiento, fotografía de dicho sujeto, e incluso una imagen de su firma o rúbrica”.
Alertados por esto, Carabineros denunció la situación a la Fiscalía de Puerto Montt, desde donde se rastreó el acceso a la ficha del presunto traficante hasta una funcionaria llamada Macarena Bustos, abogada asistente de la Fiscalía Regional de O’Higgins.
En la querella se detalla que “la investigación ha logrado establecer que efectivamente Macarena Bustos Romero extrajo los antecedentes del SAO a petición de Carolina Contreras, que a su vez obedeció instrucciones precisas del fiscal regional de la Región de O‘Higgins, el querellado Emiliano Arias, quien además le solicitó que una vez obtenido se lo remitiera a su correo particular de Hotmail”.
Según el líbelo, además en la investigación penal del fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos, iniciada tras la denuncia del fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, se estableció que “en una primera instancia, doña Carolina Contreras solicitó a Bustos que escaneara y enviara al Fiscal Regional Emiliano Arias los antecedentes del SAO de Patricio Navarro Ibacache, que le había dejado sobre su escritorio. Sin embargo, Bustos no pudo escanear ese documento por dificultades con la impresora, por lo que ingresó al SAO con su propio nombre de usuario y clave, extrayendo del sistema un nuevo SAO de Patricio Navarro Ibacache, enviando la información directamente al correo personal del imputado Arias”.
Ante esto, el CDE agrega que según las declaraciones de Arias y otros antecedentes de la carpeta, el suspendido fiscal regional pidió también a Contreras la ficha SAO del menor, para enviarla a una familiar el 18 de abril de 2018. “Pues bien, la información extraída de un sistema informático sujeto a reserva, que fue difundida directamente y/o por orden del imputado Sr. Arias, incluía información o datos reservados de la persona denominada Patricio Andrés Navarro Ibacache, que incluía sus datos personales y las investigaciones y sanciones penales que le habían afectado”, indica el documento.
