Por cuarto día continúa ejecutándose el juicio oral contra siete imputados provenientes de Río Negro, quienes son acusados por delitos de alta connotación social, entre ellos secuestro, lesiones graves y mutilación.
Los hechos se remontan a marzo de 2017, en un céntrico domicilio de la ciudad, luego que dos mujeres y un hombre interceptaran a balazos a un joven, a quien trasladaron bajo amenazas de muerte.
En la vivienda lo sometieron a torturas, golpes y vejaciones por cerca de 16 horas.
Una segunda víctima que también fue llevada a la casa, y que sería expareja de una de las mujeres, fue sometida a las mismas torturas, sin embargo, no fue lo único.
En medio del secuestro habrían intentado matar al hombre de un hachazo, pero este se defendió con un brazo, terminando con un corte importante en su extremidad.
La fiscal, Leyla Chaín, dijo que las mujeres tomaron hilo y aguja de uso doméstico para suturar la herida, mientras lo amenazaban de muerte.
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Los agresores se grabaron con sus equipos telefónicos mientras cometían las agresiones, dando cuenta de la brutalidad de los actos.
Situación que reveló otro hecho no menos intrigante. La fiscal añadió que mientras cometían estos actos el ambiente era de jolgorio, y que se logra apreciar que disfrutaban de lo que estaban haciendo.
Un tercer hombre que logró zafarse de ser secuestrado le arrebató una chaqueta a uno de los atacantes y luego concurrió hasta Carabineros, los que iniciaron una investigación por robo con intimidación.
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Una vez en el domicilio, personal policial se percató de la presencia de dos víctimas ensangrentadas y que en la misma vivienda se mantenía un arsenal de armas de fuego, corto punzantes y otras utilizadas para infligir dolor.
También estaba en el lugar el hacha que usaron para intentar acabar con la vida de una de las víctimas.
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A los tres atacantes, además de otras cuatro personas que estaban en el lugar, se les formularon cargos por separado explicó la fiscal, ya que no todos tienen participación en la totalidad de los hechos.
Para dos de los hombres se han solicitado las penas más altas que permite el código penal, equivalente al presidio perpetuo calificado. El resto arriesga penas de hasta 10 años de cárcel por porte de armas, cinco años por mutilación, entre otras penas.