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Dos personas fueron condenadas en el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno, luego de que se acreditara su participación en el tráfico ilícito de migrantes y de trata de dos personas con fines de trabajos forzados.
Conforme a la acusación de la Fiscalía, entre julio y agosto de 2015, los acusados César Cabascango Pachito y Rosa Tambaco Morales, concurrieron a la ciudad de Otavalo, Ecuador, y contactaron a un menor de edad y a otros dos jóvenes, “para promover y facilitar, con ánimo de lucro, la entrada ilegal de estas personas a Chile“, según consigna el Ministerio Público.
Por instrucción de los imputados, el ingreso se hizo en calidad de turista, para lo que les facilitaron la suma aproximada de mil dólares, dinero que una vez concretado el trámite migratorio, fue devuelto de acuerdo a lo convenido.
En la investigación se determinó que estos inmigrantes tuvieron que realizar trabajos de pintura y carpintería y luego, vender ropa y artesanía de manera itinerante. Añade la acusación, que con el fin de eludir los controles policiales, los imputados entregaron a uno de los migrantes una cédula de identidad chilena para extranjeros a nombre de un tercero con residencia permanente.
El 6 de abril de 2016, funcionarios de la Brigada de Policía Internacional de la PDI Osorno, en un control de extranjería en la plaza de Purranque, advirtieron esta situación y realizaron la respectiva denuncia. La calificación jurídica que el Ministerio Público da a estos hechos y que fue compartida por el Tribunal Oral es de tráfico ilícito de migrantes, en grado de ejecución consumado y en calidad de autores.
Una misma cama
En un segundo hecho, la investigación determinó que Cabascango y Tambaco, captaron a los jóvenes “bajo la oferta y promesa de traerlos con la finalidad de trabajar y ganar dinero, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad que afectaba a estas personas”. Una vez en el territorio nacional, las víctimas tuvieron que, con jornadas laborales extensas, pintar y reparar el puesto de artesanía en el que iban a trabajar. Además, en ese lugar tuvieron que dormir los tres en una sola cama. Ante el flagrante incumplimiento de las condiciones pactadas uno de ellos logró volver a su país con la ayuda de su familia.
Los otros dos jóvenes después fueron separados para trabajar –sin que se les pagara salario- en los puestos itinerantes de artesanía, espacio donde además debían cocinar, comer, bañarse y dormir. Al ser requeridos de pago, los imputados prometieron que el dinero (150 dólares mensuales), se les entregaría a su regreso a Ecuador. En el juicio oral se acreditó que los acusados retuvieron toda la documentación personal de las víctimas. Al respecto, la acusación fiscal sostiene que se trata de un delito consumado de trata de personas con fines de trabajos forzados.
Explotación
Tras lograr el veredicto condenatorio, la fiscal jefe de Río Negro, Leyla Chahín, expresó que “siempre sostuvimos que había acá una ilegalidad mayor, que no se trataba de una ley de extranjería ni incumplimiento de la ley laboral, como lo dijo la defensa en su alegato de apertura, sino que derechamente hechos que configuran la explotación de un ser humano por otros seres humanos.
En atención a que una de las víctimas era menor de edad al minuto que se vulneraron sus derechos, es que ambos imputados arriesgan penas de 20 años de cárcel por trata de personas y cinco años más por trafico de migrantes.
La sentencia en que se fijarán los castigos que deberán cumplir los ahora condenados, se dará a conocer el 14 de junio en el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno.
