Convenios: jueza se inhabilita para conocer de arista Manicure por tener prima que trabaja en el GORE

Una jueza de Garantía de Temuco se inhabilitó para conocer de la causa Manicure del Caso Convenios, esto por tener una prima que trabaja en el Gobierno Regional y mantiene una amistad cercana con uno de los ocho acusados.

Fue el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Claudio Jara, querellante en la arista Manicure del Caso Convenios, quien antes de iniciar la audiencia de preparación de juicio oral que estaba fijada para los ocho acusados en esta causa, presentó una recusación amistosa contra la jueza de Garantía, Viviana García Utreras.

El abogado argumentó que la magistrada debía inhabilitarse para seguir conociendo las causas de la arista Manicure del Caso Convenios porque su prima, Katiusca Retamal Utreras, trabaja en el Gobierno Regional y tiene un grado de amistad con Juan Pablo Leonelli Lepín, uno de los acusados en esta causa como autor de fraude al fisco.

Tras un receso, la jueza de Garantía decidió acoger la recusación amistosa y se inhabilitó para seguir conociendo de la causa llamada Manicure.

En su resolución, dijo que desconocía el grado de amistad de su prima con Juan Pablo Leonelli porque no mantiene contacto con ella.

Este martes, la magistrada se debía pronunciar sobre varias materias, una de ellas era la revisión de la prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, quien cumple la medida cautelar en la cárcel de Temuco, acusado de fraude al Fisco en calidad de reiterado.

En tanto, el fiscal Carlos Cornejo, quien investiga la causa Manicure del Caso Convenios, explicó cómo se detectó que la magistrada tenía un familiar que se desempeña en el Gobierno Regional de La Araucanía.

Por su parte, el abogado defensor particular, Carlos Tenorio, quien representa a una de las exfuncionarias acusadas en esta causa, dijo que presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones de Temuco, para que sea la magistrada Viviana García Utreras quien siga conociendo de la causa, lo que podría postergar esta audiencia que busca establecer los medios de prueba que serán llevados a juicio.

En esta causa, donde se indaga el destino de 730 millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional a las Fundaciones Folab y Educc, la Fiscalía presentó acusación por delitos como fraude al Fisco, cohecho, soborno y lavado de activos, en contra de ocho personas, cinco de ellos exfuncionarios del Gobierno Regional.