Jorge Luchsinger Mackay a 12 años del crimen de sus padres: "Sí creo en la defensa personal"

La madrugada del 4 de enero del 2013 se registró un episodio que marcó para siempre la vida de Jorge Luchsinger Mackay (59) y su familia, dejando una herida que está lejos de cerrar. Sus padres, Werner Luchsinger (75 años) y Vivianne Mackay (69), fueron asesinados a balazos por un grupo de sujetos al interior de un inmueble que ocupaban en la Granja Lumahue en Vilcún, región de La Araucanía.

Esa noche, Werner Luchsinger tomó un revólver calibre 22 para repeler el ataque mientras su esposa cogió el teléfono y con desesperación clamó por ayuda, pero debido a la distancia, Carabineros demoró en llegar al predio. Horas después, Bomberos encontró los cuerpos calcinados del matrimonio de agricultores.

Por este hecho, tras un extenso juicio oral fue condenado a 18 años de presidio el Machi Celestino Córdova Tránsito. Para la familia de las víctimas éste es un claro ejemplo de impunidad.

Jorge Luchsinger, el mayor de cuatro hermanos, cuenta que a 12 años del crimen de sus padres aún está con protección policial, pero que intenta hacer una vida normal. Sus días los divide entre las faenas que realiza en el campo y algunas labores que desarrolla como parte de su profesión de ingeniero.

En esta conversación, Luchsinger Mackay también habla del impacto que significó enterarse del crimen del matrimonio en Graneros, ocurrido el pasado 12 de marzo, quienes fueron acribillados por un grupo armado.

-¿Qué ha pasado desde el asesinato de sus padres?

Bueno, ha pasado mucho y poco. Muchas cosas que a nosotros nos tocó vivir, juicios posteriores al asesinato de nuestros padres, juicios que hasta el día de hoy estamos metidos en temas judiciales, y por otro lado, poco, porque uno ve que el sistema, el Estado, más que el sistema, el Estado es muy lento en la reacción para evitar que este tipo de hechos sigan sucediendo.

-Hubo personas que fueron condenadas por este hecho, pero hay una gran cantidad que no ¿Considera que el Estado está en deuda con ustedes como familia?

Yo creo que desde la altura han pasado más de diez años, ya poco interesa. Los autores intelectuales del atentado ya no pagaron, no van a pagar tampoco, han sido protegidos, y nosotros nos seguimos dando vuelta al asunto de eso, porque, como decía, el Estado ya a esta altura no tiene interés tampoco en perseguirlos, en el caso especial nuestro.

-¿Hay impunidad?

Sí, claro, sí hay impunidad. Porque si ellos no pagaron, en este momento hay solo tres personas condenadas, el resto, nada. Creo que el nivel de preparación y reiteración de este tipo de hechos revela que aquí no se juntaron tres personas a cometer un acto delictual aislado. La justicia cambió el carácter terrorista de la acusación, se le quitó para beneficio, me imagino, de los mismos condenados.

-¿Para usted sigue siendo un acto terrorista el asesinato de sus padres?

Nosotros somos ordenados, acatamos lo que dice la justicia. Para uno está claro que no era un delito común, no fue un delito común, y si no es un delito común, además de los otros hechos que habían ocurrido en el lugar y en la zona en esos mismos años, está, desde mi punto de vista, totalmente demostrado que no son delitos comunes, por lo tanto, tienen otro objetivo, que es causar temor en la población. Y eso, a mi juicio, el hecho de causar terror implica que es un acto terrorista.

-¿O sea, el crimen de sus padres fue un acto terrorista?

Yo creo que sí.

-¿Cómo se sobreponen ustedes, como hijos a este crimen tan brutal?

Creo que ninguna persona está preparada a priori para enfrentar un hecho de esta naturaleza. Creo que, racionalmente, uno lo que espera es que se haga justicia, al menos para dar algún grado de conformidad de que los hechos no queden en la impunidad. Lamentablemente, en gran parte de este tipo de hechos, eso no ocurre. Por otra parte, el sufrimiento que causa a las personas, no solamente a nosotros, sino a todas las víctimas de este tipo de hechos y delitos de todo tipo, es lo que viene después. El amedrentamiento, hostigamiento a las víctimas.

-¿A ustedes lo siguieron amedrentando después de lo que pasó a sus padres?

En los tribunales.

-¿Y de qué forma?

Bueno, fueron hechos de público conocimiento. Cuando fuimos atacados en el tribunal, teníamos que salir por puertas traseras, que lo acepté un par de veces, pero no les tenía miedo, así que no seguí aceptando el hecho de salir escondido, protegido. Entiendo lo que trata de hacer el sistema, de que además uno no sea víctima de este tipo de otros delitos asociados a personas que reivindican o apoyan a estos grupos, en este caso armados, que atacaron a mis padres. Marchas que se hacían frente al tribunal. Uno se va acordando de a poco todo lo que vivió, además fueron diez años de juicio.

-¿Usted estuvo con protección policial?

Hasta el día de hoy.

-¿Está con protección policial?

Sí.

-¿Permanente?

Sí.

-Además ¿han adoptado otras medidas como familia por temas de seguridad también?

-Es decir, uno tiene ciertas precauciones, pero si uno decide seguir viviendo en la región, que por lo demás yo creo que el 99% del tiempo uno lo disfruta, no puede estar pensando en que va a ser atacado o vulnerado en su derecho. Entonces, como decía, uno toma siempre ciertas precauciones como cualquier persona.

-¿Tiene arma de fuego?

Eso no lo voy a responder…

-¿Cuántas son las personas que atacaron a su familia y cuántas de ellas no han respondido ante la justicia?, ¿considera que el Estado está en deuda con ustedes como familia?

Con certeza nunca se va a saber cuánta fue la cantidad. Lo que en algunas versiones se veía en el juicio, o a través de declaraciones, es que eran más de una decena. Los que fueron originalmente acusados fueron, si no me equivoco, 12 u 11. Y de los que se logró acreditar su participación ante los tribunales fueron 4.

-¿Ustedes quedaron conformes con esa resolución?

La aceptamos, pero conforme lo dije en su momento, nosotros nunca vamos a quedar conformes, sabiendo que habían más personas involucradas, y como decía,                     , muy superior.

-Vamos a un hecho que ocurre recientemente en Graneros, un matrimonio asesinado ¿Qué pasa cuando se entera de la noticia, Jorge?

Sí, la verdad es que inicialmente uno lo asume como lo ha ido normalizando, y lo ha normalizado creo que gran parte de la población, es que esto es un hecho más de lo que está ocurriendo todos los días, en distintas partes del país, con distintas motivaciones, pero al final la seguridad de las personas, la vida de las personas, están en grave riesgo para la ciudadanía en este país. Vemos este tipo de hechos todos los días, y como decía, al principio, sin saber los detalles, uno asume que es uno más de los tantos hechos trágicos y graves que ocurren en el país. Pero cuando se van sabiendo los detalles, uno empieza a asociar inevitablemente algunas cosas.

Y ahí la verdad es que el otro día hice una declaración respecto a que los políticos se aprovechan del drama, del dolor de las víctimas, y aunque en principio empatizan, pero lo usan solamente para su beneficio político, porque al final pasan los años y el sistema no mejora, la situación no mejora, cada vez empeora más. Y no solamente los políticos, estoy hablando del Estado en general.

-¿Se debe entender entonces, Jorge, que usted considera que parte de la inseguridad es responsabilidad de la clase política y del Estado?

Sin duda, la seguridad es responsabilidad del Estado, la seguridad de los ciudadanos, porque tiene un rol de que uno delega el hecho de defenderse en el Estado, y el Estado tiene la obligación de protegerte, de proteger tus derechos. Así como uno tiene otras responsabilidades, y si no lo está cumpliendo, y particularmente en esta región por un tema de reivindicaciones que se dice que son de violencia rural, pero en otras partes son vulneraciones de otro tipo, tenemos crimen organizado, narcotráfico, en el norte las fronteras han sido permeadas, los que viven en las zonas fronterizas, en el norte especialmente, no me gustaría estar ahí en el pellejo de ellos. Entonces el Estado tiene un rol, está obligado a ejercerlo. Ahora, si los distintos organismos del Estado, los distintos componentes del Estado, ya sea el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, no ejercen su rol o no se ponen de acuerdo para ejercerlo, el perjuicio va a los ciudadanos comunitarios.

-Usted dijo que hizo un análisis respecto a lo ocurrido en Graneros. ¿Cuál fue su análisis, su conclusión en comparación con lo ocurrido con sus padres?

La verdad que uno piensa ¿por qué esto llamó tanto la atención? Y ahí uno lo asocia lamentablemente, sin querer usar el drama que está viviendo la familia del matrimonio, con lo que nos ocurrió a nosotros. ¿Y por qué llama tanto la atención? No es el hecho de que vivan en el campo, no es el hecho de que hayan entrado a su casa y los hayan matado, porque eso está ocurriendo habitualmente. Es el registro que deja la señora, la esposa, con la llamada de Carabineros. Yo me imaginaba la fortaleza que tiene que haber tenido ella de llamar a Carabineros, sabiendo que estaban siendo atacados, que el marido probablemente estaba tratando de repeler o evitar los delitos que se estaban cometiendo, pero además ver a su marido muerto, y después de esconderse, evitando ser asesinada, no logra evitarlo, eso es lo que yo creo que queda, el registro de eso. Eso impacta, y a uno le trae a la memoria ese tipo de hechos (silencio con la voz entrecortada).

-Porque su madre también llama Carabineros…

Quedó el registro también de ella llamando a Carabineros, diciendo que estaban siendo atacados, que mi papá estaba herido, que eran varias personas y que lo que querían eran matarlos.

-¿Qué pasa, Jorge, de quién es el problema en definitiva?

A ver, yo no soy nadie para hacer tanto análisis, no soy un especialista en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que uno, como cualquier ciudadano, exige o trata de exigir que este tipo de hechos no sigan ocurriendo. Sí, uno, con la experiencia que he tenido, como decía, en los tribunales y en otros ámbitos, uno ve que el Estado no logra evitarlos. Porque hay un sistema procesal, que hay un sector político que no quiere modificarlo, hay sectores de derechos humanos que ven que los derechos son de algunos, no de la ciudadanía en general. Hay un sector legislativo que hace las leyes, pero no tiene idea, les aseguro que ningún senador o ningún diputado, después de haber hecho una ley, hace un análisis o va a ver cómo funciona su ley en los tribunales.

Entonces eso hace que se estén dictando. Uno ve que están permanentemente prometiendo y haciendo leyes y celebrando la promulgación de leyes que al final no funcionan o funcionan malamente y pudiendo ser corregidas, tampoco son corregidas porque no les interesa, viven en un limbo donde la deficiencia de las leyes que promulgan no les afecta.

-¿Usted ha tomado contacto con la familia de estos agricultores asesinados ahí en Graneros?

No, la verdad que no. Yo creo que, no sé si atribuirlo aquí, pero la verdad que yo he estado con pocas víctimas que han sido testigos o afectados de hechos tan graves directamente yendo al lugar, porque afecta mucho. Así que a lo mejor hay una forma de protegerse también, de sobrellevar estas cosas, porque el drama que he visto en algunas otras que me ha tocado estar con ellos posteriormente, con bastante tiempo después, igual así afecta. Ver la impotencia, la incapacidad del Estado de ampararlo, de darle reguardo, porque la mayor parte de la gente, después de este tipo de actos como conversábamos antes, pueden seguir siendo hostigados, amenazados, en especial cuando los hechos no son tan visibles como en el caso nuestro.

Nosotros, en el caso nuestro, no vivíamos en el campo, en la casa de mis padres. Pero otros hechos, como decía, no solamente en el caso del problema de la reivindicación de tierras aquí en la zona de la La Araucanía y Bío Bío, también en otro tipo de delitos, de narcotráfico en las poblaciones, la gente no tiene derecho a defenderse, no puede defenderse.

-¿Qué se debería hacer para enfrentar hoy día la delincuencia que se vive en la región y en el país?

Yo creo que aquí en este momento va a ser responsabilidad de la ciudadanía de elegir autoridades que sí, previamente, se comprometan de verdad a legislar o, en el caso de si son autoridades del Ejecutivo, a aplicar las leyes como corresponde. Como corresponde me refiero a que no sean vulnerados los derechos o tratar de evitar que sean vulnerados los derechos de las personas comunes y corrientes que viven en este país, pero que además, si son vulnerados, sean protegidos y compensados.

-De compensación se creó este fondo de ayuda a las víctimas de la violencia rural ¿Qué le parece este apoyo que está entregando al Estado?

Como nos dijo un ministro hace un tiempo atrás, no esperen las víctimas que el Estado les va a compensar el 100% de todos los daños que han tenido producto de distintos actos. Lamentablemente eso es verdad. Hay cosas que no se pueden compensar y hay otras que normalmente son bienes o cosas que las personas pueden tener que han perdido producto de esto. Yo creo que a la pregunta, es difícil que las víctimas quedemos, para no excluirme, satisfechas de cualquier compensación. Nunca va a ser suficiente. Por otra parte el Estado siempre va a pensar que siempre es un exceso, porque además en el caso de estar contribuyendo o compensando, se está aceptando responsabilidad. Y eso es lo que no quiere el Estado.

En el caso de la violencia rural, han habido distintos mecanismos. Uno a través de emprendimientos de Sercotec, que los fondos han sido bastante grandes, pero como hemos conversado hace un par de días atrás, una persona que ha perdido 500 millones en máquinas, 1.000 millones en máquinas y la compensación son 50 millones, entenderá que el daño es tan grande que no tiene comparación entre lo que perdió y lo que se le está compensando. Pero por otra parte no puede dejar de trabajar en lo que está haciendo. Y las instituciones que están detrás tampoco perdonan.

-Jorge, la precandidata presencial Evelyn Matthei dice que es partidaria de que se restablezca la pena de muerte en ciertas circunstancias ¿Usted comparte eso?

-La verdad es que no me interesa mucho entrar en ese detalle de si lo comparto o no. Yo creo que sí tiene efectividad sobre los crímenes que se cometen o los delitos que se están cometiendo en el país. Yo creo que al nivel de crueldad que tiene la gente, que muchos no son chilenos, les importa poco si tienen pena de muerte o no. Eso significa que es un poco más de show para la galería.

Discutir eso, yo estaría discutiendo cosas mucho más importantes que la pena de muerte o no pena de muerte. Por ejemplo, el cumplimiento efectivo de la sentencia. El sistema nos miente porque nos dice que las condenas son a tantos años, en el caso nuestro son de 18 años, pero todo reo tiene el beneficio de la libertad, del beneficio carcelario de salir a la mitad de la pena.

-¿Y qué le parece que Celestino Córdova haya salido a la mitad de la pena?

No, no ha salido.

-Está con beneficio…

Tiene algunos beneficios carcelarios, pero no está encarcelado.

-¿Qué le parece que esté con beneficios?

-Creo que sí pueden tener algunos beneficios. En este caso, Celestino Córdova está en un centro de detención de estudio y trabajo.

-¿Y qué le parece que se haya trasladado de un penal al CET de Vilcún?

Bueno, a mí lo que me interesa es que esté privado de libertad y que cumpla la condena. Fue condenado por homicidio, doble homicidio y tiene que cumplir, como cualquier otra persona, la sentencia. Y si es condenado a 18 años, para mí deben ser 18 años, pero para todos, que tengan algún tipo de beneficio carcelario, sí puede ser. Si tuviera una enfermedad grave, que está a punto de morir, una pila de cosas, si tiene más de 80, 90 años, bien, hay algunas condiciones especiales que podrían darse, pero por el solo hecho de tener un equipo que reiteradamente solicita libertades, beneficios carcelarios, e insistir tanto hasta que se los den, creo que el sistema judicial no debería permitirlo.

-Le reitero la pregunta, Jorge ¿Usted es partidario de la pena de muerte?

Yo no tengo problema en que haya pena de muerte, no estoy tratando de evitar la pregunta, pero sí creo que la discusión no va por ese lado. Entre que el Estado determine que se mate a una persona producto de lo cruel que fue o de la gravedad del daño que causó a ciertas personas, asesinatos, qué sé yo, no creo que sea lo que debiéramos estar discutiendo, porque se va a transformar en un grupo que está a favor de la pena de muerte y otro que está en contra de la pena de muerte. Y mientras tanto, ¿qué?, se sigue matando gente.

Creo que es una discusión más bien ideológica que, no sé si interpreto a la ciudadanía, pero la ciudadanía lo que quiere es que las personas no sigan cometiendo delitos, quiere estar en un país seguro, quiere estar en un país donde los hijos o los niños estén protegidos. Y eso significa que se tiene que prevenir más que curar. Para mí una pena de muerte es la cura, pero mal, porque eso ya significa que los hechos graves ocurrieron y no se pudieron evitar, o sea, el Estado no pudo evitar que ocurrieran.

-Usted ganó una demanda al Estado. ¿Considera que es una forma de reconocer también una falla?

Por supuesto, yo creo que eso es lo más importante. El hecho de que, la verdad que pensábamos que era una misión imposible lograr eso. Las probabilidades de ganar el juicio, en especial habiendo visto los primeros resultados en primera instancia y segunda instancia, porque el tribunal civil no dio lugar a la demanda. En la Corte de Apelaciones perdimos 2 a 1 y gracias a que, lamentablemente, estos hechos habían seguido ocurriendo y cada vez más graves, o más habitualmente, cuando ya llegamos a la Corte Suprema, habían pasado varios años, que ahí también, hasta en la Corte Suprema tuvimos que salir arrancando. Ya había, creo, a nivel de la Corte Suprema, la convicción de que sí había una responsabilidad del Estado. Y por eso a lo mejor me baso un poco en lo que he hablado antes respecto a la responsabilidad del Estado, del deber del Estado de garantizar la vida y la seguridad de las personas.

-¿Fue por falta de servicio principalmente?

Sí.

-¿O sea que el Estado no les dio el recuerdo que ustedes habían solicitado?

Sí, bueno, nosotros habíamos pedido mucho más y creo que era mucho más que una falta de servicio puntual, creo que era una política del Estado de dejar de proteger a las víctimas, en este caso, de la violencia rural.

Recordemos que años antes se hablaba de que era un problema entre terceros. No era el responsable del Estado. Entonces, de nuevo, como habían violentos versus propietarios de campo que no podían defenderse, las víctimas eran ellos. Y estos eran organizados. Y después fue evolucionando que ya el Estado en realidad tenía que intervenir y bueno, ahí de nuevo el sistema procesal penal deficientemente funciona y la ley indígena que ha exacerbado algunos derechos propiciados por organismos internacionales.

-Hablando de temas internacionales, Jorge ¿Usted ha pensado ir a tribunales internacionales por el tema de sus padres, lo pensó en algún momento?

No, porque creo que los tribunales internacionales, que es una parte de la ONU, que es la Organización Internacional del Trabajo, no debería tener jurisdicciones sobre este tipo de hechos, no debería tener conocimiento. Y acabo de recordar que en una ocasión fui a Santiago con otras víctimas a tratar de conversar con algunos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estaba sesionando en Santiago viendo temas de otros países y no fuimos recibidos, ni siquiera de cerca, salvo algunos chilenos cercanos a estos jueces, no fuimos recibidos con el argumento de que el tribunal no toma casos de los países donde está sesionando. Pero, bueno, nos vinimos sin poder haber cumplido. Nos volvimos a Temuco y nos enteramos que una persona que estaba siendo imputada sí había sido atendida por la Corte Interamericana, el sesgo es tan grande que no tenemos ninguna posibilidad de lograr algo en ese tipo de organizaciones.

-¿Cómo se acerca o se logra la paz social?

Difícil pregunta, yo creo que la paz social no es solamente respecto a lo que pasa en el sur, son muchas variables que están ahora en juego, que yo creo que hay mucho interés y no se va a lograr fácilmente si es que no se hace que en parte se cumpla lo que dijo un director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dijo no hay derechos sin deberes, pero eso le costó el cargo, yo creo que sí, efectivamente eso es muy importante, nosotros tenemos derechos pero también tenemos deberes y para exigir derechos también tenemos que estar cumpliendo los deberes. Y si todos cumplieran con sus deberes, deja de ser un problema. Entonces lo que están propiciando y han propiciado en el pasado cercano, hechos violentos, en especial han usado la violencia para lograr objetivos políticos, mientras eso no cambie no vamos a lograr nada. Así que hay que empezar por ese lado.

-¿Usted es partidario de la autotutela, de la autodefensa?

No sé si llamarlo autotutela o como quieran ponerle, pero yo creo que uno tiene derecho a defenderse. En este caso, como el que estábamos conversando en Santiago de Granero, ¿qué esperan que haga si el Estado no está? O sea, el Estado permite que estén estos delincuentes con un poder de fuego, de organización, de lo que sea, no sé quiénes son ni cómo actuaron, pero si ya llegaron a tu casa de noche, uno no puede estar desprotegido, esperando que algunos lo maten.

O sea, sí creo en la defensa personal y la defensa de la familia. Y que no se interprete que eso uno puede andar, porque lo primero que dicen es que no podemos andar armados en las calles persiguiendo a delincuentes. No, esa no es función de uno, es defenderse de las agresiones, de agresiones graves.

-¿Está vinculado a algún partido político, le han ofrecido algún cargo público?

-La verdad es que hoy día yo no tengo, mi prioridad es, de alguna forma sí que uno puede contribuir a tener cierta influencia para que se logre la reacción del Estado, para que no siga habiendo cada vez una peor calidad de vida en el país, y me refiero a calidad de vida en particular, a los graves hechos que ocurren relacionados con violencia rural y violencia urbana también. Yo creo que no hay muchas diferencias, cambian las formas no más, pero no es muy distinta. Asociado a narcotráfico, a trata de personas que ya hay generalizado en el país, en muchas ciudades a lo largo del país, en el sur y en el norte, y en la zona central. Y la policía no tienen los medios suficientes para reunir las pruebas con el estándar que exigen los tribunales.

Aquí, de hecho, me extrañó la degradación de la exministra Tohá, que dijo que cuando ella había llegado al Gobierno la seguridad no era una prioridad. O sea, todavía no tenemos prioridad en el Ejecutivo en dar seguridad a las personas, porque ella puede haber hecho algo en el par de años que estuvo en el cargo, pero tampoco es que haya cambiado mucho.

Entonces, yo concluyo que la prioridad del Gobierno en seguridad es solamente para efectos mediáticos.

-Jorge, y transcurrido 12 años, ¿cuál es la lección que le deja el crimen de sus padres?

Yo no podría hablar de lecciones. Creo que uno lo único que trata es sobrevivir a estos hechos. Nunca uno se imaginó que iba a vivir un hecho tan atroz como el que vivimos.

Desde que ocurrió hemos tratado de sobrellevarlo, de que eso no cause resentimiento ni terror en nuestra familia. Pero sin miedo enfrentar a los culpables y convencer a gran parte de la población de que los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Que el uso de la violencia, como decían antes, para lograr objetivos no está permitido y tiene que ser pagado. ¿Y cómo se paga? Con cárcel.