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El 19 de diciembre del 2023, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Luis Kalfulican Tranamil Nahuel (33) a 32 años de cárcel por el asesinato del cabo de Carabineros, Eugenio Naín Caniumil, ocurrido el 30 de octubre del 2020 en el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur en la comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía.
El crimen de Naín, de tan solo 24 años, casado, dos hijos, provocó conmoción por la frialdad con que actuaron los autores de este hecho, quienes lo ultimaron utilizando un fusil de guerra y munición calibre 5,56, prohibida para uso de civiles.
Pese a la condena que recibió el único detenido en este caso, aún persiste en la familia de este padre de familia y esposo, una sensación de impunidad o de justicia a medias. Esto porque aún hay dos personas identificadas que forman parte de los 20 prófugos de la justicia en La Araucanía por casos de la llamada violencia rural y que son buscados tanto por Carabineros como por personal de la PDI.
En el caso del crimen del cabo segundo Naín, aún permanecen prófugos de la justicia Francisco Javier Painevilo Maldonado (28) y Carlos Esteban Cancino Tapia (26), ambos con órdenes de detención pendientes. Pese al esfuerzo realizado por el personal de Carabineros para dar con su paradero, estos se han tornado infructuosos porque se mueven continuamente de un lugar a otro con apoyo de “ayudistas”.
El abogado Luis Candia, quien representa a la viuda del funcionario policial Eugenio Naín, afirmó que el grupo que atacó al funcionario policial el día de los hechos estaba conformado por siete personas armadas: el condenado, los dos prófugos identificados y cuatro personas de las cuales se desconoce su identidad.
“Lamentablemente, después de cuatro años, el Ministerio Público no ha sido capaz de individualizar y saber quiénes son. Para mi representada, la viuda del señor Naín, hubo una satisfacción moderada respecto a lograr justicia cuando se conoció la sentencia y la pena que debe cumplir el señor Tranamil y que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco”, sostuvo el profesional.
Candia agregó que a su juicio en este caso hay seis personas prófugas de la justicia que participaron en el crimen del funcionario de Carabineros, donde se utilizó un fusil de guerra para terminar con su vida.
“Hacemos un llamado al Ministerio Público para que no abandone la investigación, en estos momentos está sobreseída temporalmente la indagación, que a juicio nuestro no corresponde, ojalá se active nuevamente y se pueda dar lo antes posible con las personas que están individualizadas y según me ha mencionado el fiscal, se sabe el sector donde podrían estar ocultos, pero que las policías no han sido capaces de poder aprehenderlos”, aseveró.
El abogado querellante afirmó que la esposa de Naín no dará por cerrado este hecho hasta que “no se detenga y se juzguen a todos los asesinos que participaron en este vil y cobarde homicidio de don Eugenio Naín”.
Tráfico de drogas
Otro de los casos emblemáticos es el de Jorge Huenchullán Cayul (46), werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui en la comuna de Ercilla, investigado por el Ministerio Público por infracción a la Ley de Drogas, específicamente por dedicarse al cultivo de marihuana.
El 9 de febrero del 2021, la jueza de Garantía de Collipulli, Sandra Nahuelcura, dictó una orden de detención para el werken. Pero Huenchullán sólo fue detenido a comienzos de julio del año 2021 mientras estaba internado por problemas de Covid-19 en el Hospital de Victoria, donde fue entubado.
En esa ocasión fue aprehendido, pero esta detención duró solo unas horas, porque la abogada Karina Riquelme presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco una orden de no innovar, la que fue acogida por el tribunal de alzada.
Finalmente, el 29 de julio se realizó una audiencia telemática, donde Huenchullán fue formalizado por los delitos de tráfico de marihuana, porte ilegal de armas y municiones. La jueza de Garantía Sandra Nahuelcura decretó prisión preventiva para el imputado por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Los antecedentes para pedir la orden de detención surgieron del allanamiento realizado el 7 de enero del 2021 por más de 800 detectives a la comunidad Autónoma de Temucuicui, donde fue asesinado el inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar. Ese día la policía encontró en su propiedad 500 plantas de marihuana, 12,7 kilos de marihuana prensada, además de un revólver calibre 22 y diversos tipos de munición.
El líder mapuche no se presentó en la cárcel de Angol, pasando a una “clandestinidad política”, según informaron los propios integrantes de la comunidad Autónoma de Temucuicui, acusando una persecución por su condición de dirigente histórico mapuche.
En esta causa también están prófugos de la justicia Carolina Padilla Manquel, quien es sindicada como pareja de Jorge Huenchullán y su yerno, Kevin Espinoza Cifuentes.
El Gobierno en La Araucanía
El 2023, la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos del Ministerio Público de La Araucanía, creó el Plan Prófugos, que busca poner tras las rejas a quienes eludieron la acción de la justicia en calidad de condenados o imputados de delitos graves, pero donde se dejó afuera a los delitos cometidos en el contexto de la llamada violencia rural, ya que son trabajados por la Fiscalía de Alta complejidad con equipos especializados en esta área de ambas policías.
Intentar dar con el paradero de los prófugos vinculados a la violencia rural que se vive en región siempre ha sido un tema en las reuniones que se mantienen periódicamente con la Fiscalía y las policías, así lo planteó el exdelegado presidencial de La Araucanía, que cumplió funciones entre octubre del 2022 a noviembre del 2024, José Montalva, quien explicó por qué resulta complejo dar con el paradero de estas personas.
“Existe una dificultad que tiene que ver con la geografía, la falta de señal telefónica, con la poca visibilidad, la demografía, donde es muy difícil llegar. Se ha invertido en tecnología, nosotros hicimos el esfuerzo para poner todo el despliegue y ese esfuerzo no puede retroceder, ahora debemos llegar a todos los sectores, garantizar la distribución del Estado en los territorios para enfrentar los problemas de seguridad y conectividad”, afirmó.
El exdelegado de La Araucanía aseveró que se deben realizar “todos los allanamientos que mandate la justicia, como debe ser en un Estado de Derecho, porque el trabajo que ha hecho el Ministerio Público para ir bajando las cifras junto a otras instituciones es grande y eso incluye dar con los prófugos de la justicia”.
Montalva fue enfático en señalar que en La Araucanía “no hay lugar donde el Estado de Derecho no ingrese, pero sí hay sectores que presentan dificultades para entrar. Creer que hoy el Estado entra a cualquier parte sin ningún problema, es no entender lo que pasa en la región, por eso tenemos un Estado de Excepción y por eso mientras no sea fácil para cualquier institución entrar a cualquier territorio del Estado, el Estado de Excepción se debe mantener”.
Gremios
Al respecto, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, que agrupa a los gremios productivos, dijo que “teníamos una situación de absoluta impunidad, de un tiempo a esta parte hay avances a través de la Fiscalía, donde hay más condenas, órdenes de detención y eso es meritorio, se agradece, sin embargo, aún estamos en una situación muy lejana de ser ideal, los casos que terminan en sanciones siguen siendo muy baja de los delitos totales. Una cosa importante de destacar que los avances se han obtenido gracias al Estado de Excepción, donde las policías y los funcionarios de la justicia tienen un accionar más seguros y pueden aportar antecedentes a las causas. En ese sentido, el Estado de Excepción ha sido una ayuda fundamental para mejorar las investigaciones y para hacer justicia aunque sea todavía muy parcialmente”.
Hace unos días resurgió la esperanza para las víctimas de la violencia rural en causas donde hay detenidos o están prófugos de la justicia. La ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó hasta la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, para hacer entrega a Carabineros de un moderno dron, que posee tecnología de punta en vigilancia y seguimiento.
Se trata de una aeronave no tripulada modelo Camcopter S-100, de fabricación austriaca, que tuvo un costo cercano a los siete mil millones de pesos y que posee una serie de particularidades, entre ellas, contar con una autonomía de vuelo de 6 horas, muy superior a los 45 minutos de vuelo que ofrecían los otros drones.
