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El Ministerio Público pide audiencia para formalizar investigación contra funcionaria del Gobierno Regional de La Araucanía en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios, sumando así tres trabajadores formalizados en este contexto. La acusada, Lucila Loaiza Sanhueza, de la División de Planificación y Desarrollo Regional, es investigada por cohecho en relación con Rinett Ortiz Rivera para facilitar trámites de transferencia de recursos públicos. Además, enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado. En otra arista, la exfuncionaria Susan Alarcón vuelve a prisión preventiva tras revocarse su libertad por cohecho y fraude al Fisco, relacionado con la desaparición de 730 millones de pesos destinados a cursos no ejecutados para mujeres vulnerables. En total, cinco personas están formalizadas en este caso, con cuatro en prisión preventiva.
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El Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar investigación en contra de una funcionaria del Gobierno Regional de La Araucanía en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios.
Con esto serían tres los trabajadores de la repartición pública formalizados en esta arista.
El fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, solicitó al Juzgado de Garantía de Temuco una audiencia para formalizar investigación en contra de la funcionaria de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader) del GORE de La Araucanía, Lucila Loaiza Sanhueza, por el delito de cohecho.
Según explicó, la indagatoria en contra de la acusada es por “la interrelación” que mantuvo con la coimputada Rinett Ortiz Rivera para propiciar “la tramitación de una postulación de transferencia de recursos públicos”.
Lucila Loaiza Sanhueza enfrenta también una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado.
En la arista Manicure, también hubo novedades en tribunales. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, por dos votos a uno, revocó la libertad de la exfuncionaria del Gobierno Regional, Susan Alarcón Rubilar, formalizada en esta causa por el delito de cohecho y fraude al Fisco.
La defensora penal pública, Michelle Petit Laurent Charpentier, dijo que no quedaron conformes con la decisión del corte de volver a ordenar la prisión preventiva a su representada.
Con esta decisión, la funcionaria del Gobierno Regional deberá retornar la Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco.
En la arista Manicure, la Fiscalía indaga el destino de 730 millones de pesos que el Gobierno Regional le transfirió a las fundaciones Folab y Educc para realizar cursos para 200 mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, que nunca se ejecutaron.
En esta causa hay cinco personas ya formalizadas por el Ministerio Público, cuatro de ellas en prisión preventiva.
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