Corte inhabilita a jueza para dirigir revisión de cautelares de alcalde de Victoria acusado de delitos

La Corte de Apelaciones de Temuco inhabilitó a la jueza de Garantía de Victoria, Evelyn Zelaya, para dirigir la audiencia de revisión de medidas cautelares del alcalde de esa comuna, Javier Jaramillo Soto, investigado por diversos delitos sexuales.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción, tras establecer que la magistrada recusada, al decretar el sobreseimiento respecto de algunos de los hechos imputados al jefe comunal, realizó un pronunciamiento de fondo y esto implica que se debe inhabilitar para dirigir la audiencia de revisión de medidas cautelares.

La información fue confirmada por la fiscal Vania Arancibia, quien precisó que ya solicitaron una audiencia para revisar la medida cautelar del alcalde, donde se insistirá en la prisión preventiva.

Quien también habló sobre esta resolución fue la defensora penal pública, Constanza Álamos, la que representa en esta causa al reelecto alcalde de Victoria, quien dijo que buscarán la opción de presentar un recurso para revertir esta resolución.

En su resolución, el tribunal ordenó destinar a un juez habilitado para la causa penal seguida en contra del alcalde Javier Jaramillo Soto, ya formalizado por el Ministerio Público como autor de delitos de abuso reiterado y violación.

En la próxima audiencia, que se deberá fijar para unos días, la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Vania Arancibia, insistirá en solicitar la cautelar de prisión preventiva para el alcalde reelecto de Victoria.

Hay que precisar que la jueza de Garantía. Evelyn Zelaya, fue quien dirigió la audiencia donde el Ministerio Público formalizó investigación en contra del jefe comunal por delitos de abuso sexual, abuso sexual agravado y violación, en contra de dos mujeres, ambas funcionarias municipales, al momento de ocurridos los hechos.

En esa ocasión, la magistrada rechazó la cautelar de prisión preventiva pedida por la fiscal Vania Arancibia, decretando para el imputado solo medidas alternativas a la cárcel como prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de salir del país.