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En Temuco, un desalojo en la Defensoría Penal Pública Regional terminó con 17 detenidos y daños tras la entrada pacífica de comuneros mapuche, en medio del juicio por el asesinato del sargento Benavides. La toma fue por la negativa de la DPP de agregar más defensores a los acusados, provocando la reacción de los manifestantes. La DPP condenó la toma ilegal y lamentó los daños, asegurando que seguirán trabajando para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad de su personal y la comunidad.

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Un total de 17 personas detenidas y diversos daños dejó el desalojo realizado por personal de las Fuerzas Especiales de Carabineros en el edificio de la Defensoría Penal Pública Regional que funciona en calle Portales en Temuco.

Durante la mañana de este lunes, un grupo de comuneros mapuche ingresó hasta el recinto para tomarlo de manera pacífica.

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La toma se da en medio del juicio en contra de tres comuneros acusados del asesinato del sargento de Carabineros Francisco Benavides, quien fue asesinado en 2021 tras un operativo en Collipulli.

En esta línea, la toma obedece a la negativa de la Defensoría Penal Pública -DPP- de sumar más defensores a la defensa de los acusados.

Por lo mismo, para manifestar su descontento, ingresaron al lugar con pancartas y lienzos alusivos a su causa.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias de la Segunda Comisaría de Carabineros, donde se determinará si pasan o no a control de detención.

DPP se refiere a lo sucedido

Por su parte y mediante un comunicado, la Defensoría Penal Pública “condenó enérgicamente la toma ilegal de sus oficinas regionales en La Araucanía“.

“Este acto violento impidió que nuestras funcionarias y funcionarios garantizaran el acceso a la justicia, un derecho fundamental de todas y todos”, agregan en el escrito.

Ademas, lamentaron que esta situación haya culminado con un desalojo policial, “con personas detenidas y con daños a la propiedad fiscal“.

Finalmente, añadieron que “a pesar de este incidente, la Defensoría Penal Pública se mantiene firme en su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, y continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades locales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de nuestros funcionarios y funcionarias, y de la comunidad”.