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General del Ejército en retiro condenado a 14 años de presidio por homicidio calificado de trabajador de la CORA en Lautaro en 1974. El ministro en visita Álvaro Mesa Latorre dictó la sentencia contra el ex vicecomandante de la Fuerza Multinacional de Naciones Unidas en Haití, Eduardo Ludovico Aldunate Herman, por la ejecución de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, simpatizante del Partido Comunista y el MIR. Además, se condenó a otros implicados y se ordenó al fisco indemnizar a los familiares con 690 millones de pesos por daño moral.

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Un general del Ejército en retiro, que además de ocupar numerosos cargos en Chile, se desempeñó como vicecomandante de la Fuerza Multinacional de Naciones Unidas en Haití, fue condenado a 14 años de presidio por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado de un trabajador de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) ocurrido en Lautaro, en 1974.

Álvaro Mesa Latorre, ministro en visita de causas por violaciones a los derechos humanos entre Temuco y Coyhaique, fue quien dictó la sentencia número 97 en la materia.

En concreto, falló contra el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Herman por el homicidio calificado de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, de 29 años de edad, quien fue ejecutado por el entonces teniente con disparos de un fusil SIG en la cabeza en la Piscicultura de Lautaro, tras ser detenido por su simpatía con el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

En la causa, además, el ministro en visita condenó a Jorge Eusebio Barriga Soto y Sergio Fernando Alcayaga Barraza a 3 años de presidio y accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las condenas, como coautores del delito consumado de detención ilegal de la víctima fatal Catalán Lincoleo, además de Domingo Cayuán Cheuquén y José Miguel Pacheco Coliluán, ocurridos el 27 de agosto de 1974 en el fundo Millachiguay de Lautaro.

En el ámbito civil, el ministro en visita acogió las demandas deducidas y condenó al fisco a pagar una indemnización total de 690 millones de pesos, por concepto de daño moral, a los familiares de las víctimas.