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Ocho efectivos del Ejército fueron condenados a 600 días de presidio, con pena remitida por apremios ilegítimos cometidos en Temuco durante el inicio del "estallido social" en 2019, donde simularon un fusilamiento a dos jóvenes detenidos en una manifestación. La sentencia dictada por el juez Luis Olivares tras un juicio abreviado involucra a dos tenientes, tres sargentos, un cabo actualmente en retiro y tres cabos del Ejército, acusados de torturas. Las víctimas denunciaron golpes con un fusil y simulación de fusilamiento por la espalda. La abogada del INDH no descarta apelar la sentencia por no incluir inhabilitación para ejercer cargos públicos a los condenados, quienes además pagaron un millón de pesos a las víctimas como reparación y estuvieron más de 550 días bajo prisión preventiva y arresto domiciliario en un cuartel militar.
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A 600 días de presidio, pero con pena remitida, es decir, firmando durante un año, fueron sentenciados los 8 efectivos del Ejército declarados culpables de apremios ilegítimos, cometidos en Temuco al inicio del “estallido social”, en octubre de 2019.
Lo anterior, luego de detener a dos jóvenes que estaban en una manifestación y trasladarlos al sector posterior del cementerio municipal, donde simularon un fusilamiento.
La sentencia la dictó el juez de Garantía en Temuco, Luis Olivares, tras un juicio abreviado en contra de dos tenientes, tres sargentos, uno de ellos actualmente en retiro, además de tres cabos del Ejército.
Esto últimos, acusados por torturas respecto de dos hombres, que detuvieron la noche del 22 de octubre de 2019 en avenida San Martín con calle Palihue de Temuco, durante una manifestación al inicio del denominado “estallido social”.
Las víctimas denunciaron que los militares, tras detenerlos y subirlos esposados al pickup de una camioneta, los trasladaron al exterior del Cementerio Municipal de Temuco, junto a una planta distribuidora de gas, a los pies del cerro Ñielol.
Tras esto, los golpearon con un fusil y los maltrataron, les ordenaron pararse frente a un cerco para simular su fusilamiento por la espalda, y a uno de ellos le dieron un puntapié para que corrieran y escaparan.
Abogada del INDH no descarta apelar a sentencia
La abogada, Pamela Nahuelcheo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que intervino como querellante en la causa, anticipó que no descartan apelar de la sentencia, principalmente por no haberse considerado la medida accesoria de inhabilidad para ejercer cargos públicos para los militares condenados.
Los efectivos militares, para lograr arribar a esta salida alternativa, en este caso un juicio abreviado, pagaron un millón de pesos cada uno a las víctimas, como reparación celosa del mal causado.
Sumado a que estuvieron más de 550 días sujetos a prisión preventiva y arresto domiciliario total, aunque ambas cautelares las cumplieron en un cuartel militar, lo que fue abonado por el juez a la pena aplicada.
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