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Ocho efectivos del Ejército, incluyendo dos oficiales y un suboficial en retiro, fueron encontrados culpables de apremios ilegítimos cometidos en Temuco durante el inicio del "estallido social" en octubre de 2019, donde detuvieron a dos jóvenes en una manifestación y los trasladaron para simular un fusilamiento. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por secuestro y torturas, logrando una salida alternativa en un procedimiento abreviado. Los militares pagaron un millón de pesos a las víctimas como reparación, tras haber cumplido más de 500 días en prisión preventiva.

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Ocho efectivos del Ejército, entre ellos dos oficiales y un suboficial en retiro, fueron declarados culpables de apremios ilegítimos, cometidos en Temuco al inicio del “estallido social”, en octubre de 2019, luego de detener a dos jóvenes que estaban en una manifestación y trasladarlos al sector posterior del cementerio municipal, donde simularon un fusilamiento.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló en la causa por el delito de secuestro y torturas.

Se trató de un procedimiento abreviado, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, y en contra de dos tenientes, tres sargentos, uno de ellos actualmente en retiro, además de tres cabos del Ejército, acusados por torturas, respecto de dos hombres que detuvieron la noche del 22 de octubre de 2019 en avenida San Martín con calle Palihue de Temuco, durante una manifestación.

Las víctimas denunciaron que los militares, tras detenerlos y subirlos esposados al pickup de una camioneta, los trasladaron al exterior del Cementerio Municipal de Temuco, junto a una planta distribuidora de gas, donde tras golpearlos con un fusil y maltratarlos, les ordenaron pararse frente a un cerco para simular su fusilamiento por la espalda, tras lo cual a uno le dieron un puntapié para que corrieran y escaparan.

La abogada Pamela Nahuelcheo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que intervino como querellante en la causa, valoró la decisión asumida por el Juzgado de Garantía.

“Sin perjuicio de la pena que se decida aplicar, desde el INDH valoramos la investigación realizada por el Ministerio Público, que permitió la recopilación de sólidos antecedentes, para fundar las imputaciones y que el proceso culminara de manera exitosa”, comentó Nahuelcheo.

Los efectivos militares, para lograr arribar a esta salida alternativa, pagaron un millón de pesos cada uno a las víctimas, como reparación celosa del mal causado, sumado a que estuvieron más de 500 días sujetos a prisión preventiva y arresto domiciliario total, aunque ambas cautelares las cumplieron en un cuartel militar.

La audiencia de lectura de sentencia en contra de los 8 condenados, se agendó para el próximo miércoles 23 de octubre, a las 9:00 horas, oportunidad en la que se conocerá la pena que deberán cumplir y si el juez les aplica una suspensión de cargos públicos como medida accesoria.