La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la actividad de aniversario de los 200 años del Destacamento Tucapel el año pasado, que implicó una inversión de $135 millones financiados por el Gobierno Regional de La Araucanía.

Fue por medio de una auditoría realizada por el ente contralor, por antecedentes que se dieron a conocer y que generaron cuestionamientos respecto a las invitaciones que se entregaron para participar de las diferentes actividades.

Estas invitaciones incluyeron el nombre de la consejera regional Genoveva Sepúlveda como coanfitriona, con los recursos que fueron aprobados por el Gobierno Regional de La Araucanía.

Para Contraloría, esto es improcedente, asegurando que el financiamiento efectuado por el Gore, fue en cumplimiento de sus funciones y no de la autoridad, en este caso la consejera regional.

Contraloría pone el ojo en actividad financiada por el Gore Araucanía

A pesar de esto, la misma Genoveva Sepúlveda le bajó el perfil, señalando que lo pronunciado por el ente contralor, fue una “opinión”.

Estos antecedentes en su momento, fueron cuestionados por la diputada del Frente Amplio, Ericka Ñanco, quien valoró lo pronunciado por Contraloría.

Otras irregularidades detectadas por Contraloría

Entre las otras irregularidades detectadas, se encuentra que el Gobierno Regional de La Araucanía no realizó diligencias adicionales para solicitar los respaldos de la rendición de cuentas de las actividades ejecutadas.

Así mismo, se estableció que no existieron mecanismos de control preventivos para la participación de terceros ajenos a la entidad receptora de estos recursos públicos.

De igual manera, se conoció que, aparentemente, una funcionaria de la Municipalidad de Temuco habría participado, utilizando su correo institucional, del diseño y aprobación de las tarjetas de invitaciones que incluían el nombre de la consejera regional Genoveva Sepúlveda.

Ante estos antecedentes, el órgano contralor ordenó a la casa edilicia y al Gobierno Regional de La Araucanía instruir sumarios administrativos para establecer las eventuales responsabilidades administrativas y civiles de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos, así como también adoptar medidas para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro.