El Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para dos acusados por el atentado incendiario que destruyó dos antenas de telefonía celular en la capital regional de La Araucanía.
Este hecho se remonta al 30 de mayo, cuando se destruyeron dos antenas de celular en el fundo El Carmen de Temuco por considerar que su libertad constituye un peligro para seguridad de la sociedad.
Se trata del ambientalista Waldemar Cepeda y el artesano en madera, Pablo Coronado Castillo, aprehendidos en la jornada de ayer en un operativo realizado por la BIPE de la PDI y el Ministerio Público.
En la audiencia, el fiscal Juan Pablo Salas formalizó investigación en contra de los imputados por el delito de incendio y por maltrato a funcionarios de la PDI y a Cepeda además se le imputó delito contemplado en la ley que sanciona el tráfico de drogas porque la policía encontró marihuana en el inmueble donde fue aprehendido.
El persecutor penal precisó que hay informes periciales que indican que el incendio es de carácter intencional porque hubo focos independientes y simultáneo. Y que un informe del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, precisó que se utilizó viruta y acelerantes, a lo que se suman que los cercos perimetrales fueron cortados para ingresar al lugar.
El fiscal hizo referencia a los ataques a las antenas 5G perpetrados antes del atentado incendiario en la zona y al rechazo público que la organización Sociedad Civil Organizada, que dirige Waldemar Cepeda a través de una página web, hace de la utilización de esta tecnología.
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Al ser consultado por el magistrado sobre su profesión, Valdemar Cepeda respondió que “soy biólogo, defensor del medioambiente y la vida humana”.
Ambos posicionados en lugar de atentado
El fiscal Juan Pablos Salas también sostuvo que las mismas antenas quemadas posicionan a los imputados en el lugar del atentado y que la policía logró establecer que ambos acusados mantenían contacto telefónico y que planeaban cometer hechos similares en otros lugares.
En la audiencia estuvieron presentes los querellantes de las empresas telefónicas y el abogado representante del Ministerio del Interior, que también es querellante.
El delegado presidencial regional, José Montalva, junto con valorar el trabajo policial y de la Fiscalía, dijo que ahora los detenidos deben enfrentar la justicia.
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El juez de Garantía Federico Gutiérrez le otorgó al Ministerio Público un plazo de cuatro meses para realizar la investigación.