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Funcionario del Registro Civil e Identificación de Temuco es separado de sus labores tras denuncias de maltrato laboral. Jorge Rudolf Delgado, de la Oficina de Vehículos, enfrenta un sumario luego de acusaciones de tres trabajadoras. La Dirección Nacional designó una fiscal instructora para la investigación, mientras la Anef sugiere que el trato hacia Rudolf es antisindical. El director regional no emite comentarios por estar en curso el sumario. La situación surge en el contexto de la Ley Karin, que a partir del 01 de agosto exige a las empresas implementar medidas para prevenir riesgos psicosociales en el trabajo.

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Separan de sus labores a funcionario del Registro Civil e Identificación de Temuco, en la región de La Araucanía, tras denuncias de maltrato laboral.

En este sentido, la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación abrió un sumario en contra de un funcionario de las oficinas de Temuco luego de que tres trabajadoras de la repartición lo acusaran de maltrato laboral.

Se trata de Jorge Rudolf Delgado, quien se desempeña en la Oficina de Vehículos del Registro Civil de la capital regional.

Ante ello, el director nacional de la repartición nombró a una fiscal instructora para realizar la investigación, quien determinó separar de sus labores al funcionario mientras dure el sumario.

A su vez, la presidenta regional de la Anef, Sandra Marín, sostuvo que la situación que enfrenta el funcionario es producto de una práctica antisindical por una serie de denuncias que Rudolf había presentado en el servicio público.

Al ser consultado por este tema, el director regional del Registro Civil e Identificación en La Araucanía, Pedro Canihuante, dijo que no podía pronunciarse al respecto porque hay un sumario en curso.

Este hecho se conoce a días de que comience a regir la Ley 21.643, conocida como Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

Además, la normativa que comienza a regir el 01 de agosto, también establece la obligación de las empresas de implementar políticas y prácticas orientadas a la prevención de riesgos psicosociales.