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El Consejo de Defensa del Estado solicita que el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, declare por la aprobación de más de 700 millones de pesos el mismo día en que se presentaron proyectos de fundaciones Folab y Educc, en el marco del Caso Convenios. La acción legal apunta a presuntas irregularidades que podrían constituir delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Se destaca el rápido proceso de aprobación de los recursos públicos a favor de las fundaciones, generando interrogantes sobre la transparencia en el proceso. El CDE pide al Ministerio Público que cite a declarar al gobernador para aclarar estos hechos, mientras que Rivas se muestra disponible para colaborar en la investigación.
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En el marco del Caso Convenios, el Consejo de Defensa del Estado pidió que el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, declare por los más de 700 millones de pesos que funcionarios del GORE aprobaron el mismo día que las fundaciones Folab y Educc presentaron sus proyectos.
Una solicitud que el Consejo de Defensa del Estado realizó a través de la querella que, en representación del Gobierno Regional de La Araucanía, amplió al diputado Mauricio Ojeda y otras ocho personas por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.
La acción del organismo plantea la forma de proceder de distintos funcionarios para favorecer a Folab y Educc con la obtención de recursos públicos, permitiendo la aprobación de más de 730 millones de pesos que serían destinados para el financiamiento de dos programas.
El Consejo de Defensa del Estado señala que los proyectos ingresaron el 14 de octubre de 2022, cuando la Comisión de Evaluación Técnica realizó una serie de observaciones que se intentaron subsanar durante esa jornada.
Ese mismo día, explica el organismo, los programas se declararon admisibles y, por tanto, las solicitudes de financiamiento quedaron aprobadas, apuntando al rápido actuar de un grupo de funcionarios.
Cuestión que el CDE pide que sea explicada por el gobernador, Luciano Rivas, solicitando que el Ministerio Público lo cite a declarar. Tras ser consultada por La Radio, la autoridad señaló estar disponible.
El organismo también pide que el gobernador aclare por qué en ambos convenios no se estableció la forma de transferencia de los recursos y la razón de los depósitos sin cumplir con las exigencias legales, es decir, conforme al avance efectivo de los programas, como también la falta de garantías.
De todas maneras, la autoridad sería citada en calidad de testigo en una causa donde el Gobierno Regional figura como querellante.
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