La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a un exconcejal de Traiguén –región de La Araucanía– restituir más de $10 millones que percibió estando inhabilitado de ejercer su cargo, en medio de una investigación en su contra por infracción a la ley de armas.

Se trata del exedil Eugenio Felipe Monsalve Álvarez, quien llegó al cargo utilizando un cupo del partido radical, y que fue condenado en mayo del 2023 a una pena de 541 días de presidio en libertad. Esto, por vender un rifle a otra persona, sin tener una autorización que lo permitiera.

Durante las últimas horas, el exconcejal fue notificado por un decreto alcaldicio, sobre un dictamen del ente contralor que lo ordena a pagar una suma de $10.484.415.

Lo anterior, según afirmó el administrador municipal de Traiguén, Luis Aguilar, se debe a que Monsalve, continuó asistiendo a las sesiones del concejo municipal, a pesar de haber sido inhabilitado en julio del 2022, cuando se inició la investigación en su contra por infracción a la ley de armas.

“Lo que pasa es que el concejal siguió participando en la sesión del concejo. Él formalmente nunca informó que había sido notificado por esta cosa que se estaba investigando”, explicó.

“Entonces él, al no haber notificado a la municipalidad, (esta) tampoco le dijo ‘usted no puede seguir viniendo’, porque nosotros no sabíamos que estaba notificado en esta investigación”, agregó.

Una vez que el municipio tomó conocimiento de la condena, suspendió de sus funciones al ex concejal, por lo que no pudo seguir asistiendo a las sesiones de concejo.

Pese a las reiteradas consultas de Radio Bío Bío, el exedil Eugenio Felipe Monsalve Álvarez declinó referirse al respecto, señalando de que se encuentra analizando opciones para apelar al dictamen.