Cuestionamientos directos al Gobierno, efectuaron parlamentarios de oposición en las regiones de La Araucanía y Los Lagos, luego que el Ejecutivo confirmara el veto a la Ley de Usurpaciones.
El punto de discusión es en el concepto de “legítima defensa privilegiada”, que a juicio de la ministra del Interior, Carolina Tohá, entrega capacidades ilimitadas a una persona para recuperar su terreno, incluso con ayuda de terceros.
La mayoría de los parlamentarios de La Araucanía celebraron la Ley de Usurpaciones, tras un largo trámite legislativo, pero criticaron al Gobierno al adelantar un veto presidencial.
Mauricio Ojeda, Gloria Naveillan y Andrés Jouannet, emplazaron a las autoridades del Ejecutivo a responder a la ciudadanía ante los reparos planteados.
“No entiendo cómo un Presidente de la República no respeta la labor, tanto del Senado y del Congreso, que dijimos sí a esta ley que apoya a las víctimas, pareciera ser que el gobierno está del lado de los delincuentes que se toman propiedades”, manifestó Ojeda.
Mientras que Naveillan señaló que “somos tres poderes en el Estado, ninguna está por sobre el otro, así que tengan harto cuidado con lo que vayan a decir y hacer, porque se pueden meter en un tremendo problema”.
“(…) En La Araucanía hay salvajismo, ahí el Estado abandonó a las personas que son extorsionadas todos los días, indicó Jouannet.
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Ley de Usurpaciones
Mientras que los parlamentarios de Los Lagos, Iván Moreira de la UDI y Fidel Espinoza del PS, están divididos a la hora de analizar la “legítima defensa privilegiada”.
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El presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, fue más allá e incluso comparó los argumentos del Gobierno con las demandas de la Coordinadora Arauco Malleco.
“No puede haber más coincidencia entre lo que plantea el gobierno y lo que plantea la CAM. Esto de dejar que la usurpación sea un delito que dura 12 horas y no un delito permanente mientras ocurra, favorece a los violentistas”, precisó Santibáñez.
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Desde la Sociedad de Fomento Agrícola, SOFO, su presidente, Roberto Heise, defendió la legítima defensa privilegiada, y dijo que es la única forma de apoyarse en situaciones de riesgo en zonas rurales, donde las principales víctimas son adultos mayores.