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La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones la idea de legislar el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución de las propiedades usurpadas.
El diputado independiente Andrés Jouannet respondió a a la ministra del Interior Carolina Tohá, y aseguró que si se llega a vetar la ley de Usurpaciones, se le estaría “dando la espalda a La Araucanía” y que “sería una traición”.
Esto luego de que la secretaria de Estado asegurara que el Gobierno no firmará una ley que legalice la autotutela y que, de aprobarse tal como está la iniciativa, la vetarían.
“La persona tiene derecho a exigirle al Estado que la proteja, pero no tiene derecho a emplear directamente a la violencia para reivindicar las cosas que le robaron o los bienes que le usurparon, porque eso nos lleva a un estado salvaje, nos lleva a un estado en que cada uno con mano propia se defiende“, aseguró la ministra del Interior.
Al respecto, el diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet comentó que “lo qué hay que hacer es sentarse a conversar, sacar una buena ley de usurpaciones, pero la verdad lo que no se puede hacer es darle la espalda a La Araucanía, porque si usted veta esa ley, le va a estar dando la espalda a La Araucanía”.
A demás, el parlamentario aprovechó de criticar el concepto de “estado salvaje” emitido por la ministra Tohá, asegurando que “ya tienen abandonada la región, pero darle la espalda sería una traición a esta región que de verdad vive en estado salvaje”.
Las palabras del diputado independiente y apoyado por el Partido Radical Social Demócrata no dicen relación con la propia ley en discusión, sino que con hechos de violencia registrados en La Araucanía.
“Aquí en La Araucanía se vive un estado salvaje, aquí no hay Estado, aquí no hay estado de derecho, aquí se vive en una barbarie. Hace poco, el 12 de julio, aquí muy cerca, en Alto Yupehue, aquí en Carahue, botaron una antena de telecomunicaciones. Nadie se ha acercado a hablar con la comunidad. La posta, la junta de vecinos, el APR, nadie tiene comunicaciones”, dijo Jouannet.
Los argumentos del parlamentario de oposición dan razón a quienes aseguran que la ley de Usurpaciones busca “criminalizar” al pueblo mapuche, como lo aseguró la diputada comunista por el Bío Bío, María Candelaria Acevedo.
“En cuanto a su carácter de norma jurídica general y abstracta, este proyecto de ley no lo cumple, porque tiene, como se dice, ´nombre y apellido´, aunque en la discusión legislativa estuvo obligada a ampliarse su campo de aplicación, nace con el objeto de criminalizar un sector de nuestra población, como son los pueblos y comunidades indígenas, producidos por las tomas de terreno en la región de la Araucanía; o, en su caso, al conjunto de personas que no tengan vivienda”, comentó la parlamentaria.
Proyecto de ley de Usurpaciones
Tras dos jornadas de debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones la idea de legislar el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución.
El texto, en segundo trámite, establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.
Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.
Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
