La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución adoptada en marzo y ordenó la prisión preventiva para ocho militares acusados de tortura en el marco del denominado estallido social en dicha comuna de la región de La Araucanía.
Los hechos afectaron a dos civiles que en octubre de 2019 fueron detenidos en medio de una manifestación y luego trasladados a las inmediaciones del cementerio municipal, donde los funcionarios del Ejército habrían simulado un fusilamiento.
En marzo pasado, el Juzgado de Garantía de Temuco dejó a los acusados, entre ellos dos oficiales, con cautelares de menor intensidad.
Sin embargo, tras un recurso presentado por la defensa de las víctimas, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución, ordenando la prisión preventiva de los implicados, detalló el fiscal a cargo de la causa, Raúl Espinoza.
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El abogado Eduardo Painevilo, del Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR, en representación de las dos víctimas en este caso, como querellante por los delitos de torturas y secuestro, valoró la decisión asumida por la Corte de Apelaciones de Temuco.
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El 29 y 30 de marzo pasados, el Ministerio Público inició una investigación en contra de dos tenientes, tres sargentos, uno de ellos actualmente en retiro, además de tres cabos del Ejército, con base en una denuncia por torturas que habrían ocasionado a dos hombres que detuvieron la noche del 22 de octubre de 2019 en avenida San Martín con calle Palihue, durante una manifestación al inicio del denominado “estallido social”.
Las víctimas denunciaron que los efectivos militares, al detenerlos y subirlos con sus manos amarradas al pickup de una camioneta, los trasladaron al exterior del cementerio municipal de Temuco, donde tras golpearlos con un fusil y maltratarlos, les ordenaron pararse frente a un cerco para simular su fusilamiento por la espalda, tras lo cual a uno le dieron un puntapié para que corrieran y escaparan.