Declaraciones de coimputados, reveladas por la Fiscalía ante el Juzgado de Garantía de Lautaro, detallan que un hombre, aprovechando que estaba a cargo de la vigilancia de los terrenos con drones, cobraba entre $500 mil y $1 millón por faena para no registrar el robo de madera en predios de forestal Mininco en Galvarino y otras comunas de La Araucanía.
Lo anterior forma parte de la investigación del Ministerio Público respecto a una organización delictual dedicada al robo de madera en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, que suma otros dos formalizados de un total de 14 personas.
Se trata del operador del dron, quien a cambio de dinero hacía vista gorda respecto al ilícito, y de una contadora que concretaba el pago por dicha acción. Esta última quedó en libertad, pero con arresto domiciliario nocturno.
El fiscal Enrique Vásquez, de la Fiscalía de Alta Complejidad, inició ahora investigación por asociación ilícita y hurto agravado respecto de Cristian Mauricio Rodríguez, domiciliado en el sector Calbullanca -Cañete-, operador de dron que encubría el ilícito al apuntar la cámara hacia otros sectores del fundo cuando se concretaba el robo de madera. De esa forma, no se reportaban registros del hecho.
El fiscal, tras leer la declaración de Miguel Terán, quien aparece como líder del grupo y coimputado en la causa, informó al Juzgado que el formalizado cobraba entre $500 mil y un millón de pesos por faena para desviar la atención de los drones mientras se robaba madera de los predios que él vigilaba.
Revisa parte de la declaración a continuación:
Tu navegador no soporta audio en HTML5
El fiscal añadió que esa declaración se comparó con la información recabada de los celulares de imputados que están cooperando en la investigación, donde se corroboró la existencia de conversaciones con el operador del dron, quien incluso comparte fotografías de las fiscalizaciones a los camiones.
Contadora formalizada queda con arresto domiciliario nocturno
En la misma causa, además se formalizó a una mujer de 46 años de edad, contadora auditora, que solo se puede identificar con sus iniciales, C.R.E., quien pagaba al imputado anterior los montos solicitados para no grabar los robos.
La mujer, investigada por asociación ilícita y hurto simple, quedó sujeta a arresto domiciliario nocturno, con firma ante Carabineros, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los predios donde se cometieron los delitos.
Estos dos formalizados este jueves se suman a las 12 personas que enfrentaron la justicia en octubre del año pasado tras ser acusados de integrar una banda dedicada al robo de madera en las regiones del Bío Bío y La Araucanía.
La indagatoria apunta a una verdadera estructura delictual, en la que cada miembro cumplía roles y tareas definidas para ingresar a predios forestales, donde mediante la violencia y el uso de armas de fuego, concretaban el robo para luego vender la madera en aserraderos.
Entre los nexos descubiertos figura uno que llamó particularmente la atención: Arnaldo Millán, a quien se le atribuyen vínculos con la Coordinadora Arauco-Malleco.