Un mayor de Carabineros en retiro, de actuales 82 años, fue sentenciado a cumplir 6 años de presidio por su responsabilidad en los delitos consumados de detención ilegal y apremios ilegítimos, en carácter de lesa humanidad, cometidos en contra de un agricultor y dirigente del asentamiento campesino “El Copihue”, de Temuco, región de La Araucanía, en noviembre de 1973.

El oficial en retiro está cumpliendo una condena en otra causa similar, en el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial de Punta Peuco.

Se trata del mayor de Carabineros, actualmente en retiro, Osvaldo Muñoz Mondaca, quien cuando era teniente de la institución policial y se desempeñaba en la desaparecida Tenencia Coilaco de Temuco, cometió delitos de lesa humanidad en contra del agricultor y dirigente social de la zona, José Canío Contreras de 34 años, quien era secretario del Asentamiento Campesino ‘El Copihue’ de la capital regional.

La sentencia fue dictada por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, con jurisdicción hasta Coyhaique, Álvaro Mesa, tras analizar los antecedentes de los hechos ocurridos al interior de la desaparecida tenencia de la policía uniformada, donde actualmente funciona el cuartel del Labocar en avenida Pedro de Valdivia.

La víctima en esta causa era buscada tras el golpe de Estado de 1973 por su gestión social, siendo detenido cuando llegó al cuartel citado a timbrar unas guías de libre tránsito para transporte de ganado que pretendía comercializar.

En ese sentido, al interior de la unidad policial y luego en la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco Canío Contreras fue sometido a diversas golpizas, siendo liberado días después de su detención con lesiones en distintas partes del cuerpo.

Ante ello, debió ser trasladado hasta el Hospital Regional de Temuco donde fue internado en estado de gravedad, siendo operado de urgencia y manteniéndose por varias semanas en esa situación sin poder recuperarse, falleciendo finalmente el 14 de enero de 1974.

En el aspecto civil, el ministro Mesa Latorre acogió la demanda deducida y condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 600 millones de pesos, por concepto de daño moral, a la cónyuge e hijos de la víctima.