El delegado presidencial, Raúl Allard, y el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, apoyaron la decisión del Gobierno de decretar Estado de Emergencia por hechos de violencia en la región y las provincias de Bío Bío y Arauco. Mientras el primero destacó el plan para fortalecer la inversión, el segundo pidió que se escuche a las localidades al momento de tomar decisiones.

Tanto el delegado presidencial como el gobernador de La Araucanía evaluaron positivamente que el Gobierno decretara Estado de Emergencia en la región y en dos provincias del Bío Bío por hechos de violencia.

Lo anterior tras el fracaso en las negociaciones dentro del mismo oficialismo sobre la propuesta que el Ejecutivo acordó con los trabajadores y contratistas forestales que se manifestaron en las carreteras para demandar seguridad en las rutas de la zona sur.

“Hemos perdido tiempo valioso”

Al respecto, el gobernador Luciano Rivas afirmó que es importante que se tomara la medida, aunque cuestionó que hayan transcurrido 50 días, donde “hemos perdido tiempo valioso de poder controlar la situación de violencia”.

Asimismo, indicó que esperan que se siga escuchando la voz de la región. “Nosotros lo dijimos en noviembre del año pasado, aquí 145 mil personas que participaron de este proceso de consulta, el 82% ratificó que era necesario tener este estado de excepción en nuestra Araucanía y para tal efecto, creíamos que era necesario tenerlo”, recalcó el gobernador.

Para finalizar, Rivas dijo que en materia de seguridad no se deben sacar ventajas políticas.

Allard afirma que medidas “no están escritas en piedra”

Por su parte, el delegado presidencial Raúl Allard aseguró que los anuncios del Gobierno dan respuesta a la demanda de los pueblos originarios y en lo que respecta a la seguridad, precisando que en el caso de la última que se trata de una medida acotada.

“Lo que es muy relevante es que se inyectarán $400 mil millones para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Bío Bío para fortalecer los proyectos de inversión en materia de agua potable, obras públicas, en salud intercultural, conectividad y de muchas otras necesidades”, destacó el representante del gobierno.

Allard añadió que el decreto del Estado de Excepción permitirá el libre tránsito de las personas, garantizar la cadena de suministro y abastecimiento y la ejecución de políticas públicas.

Ante los cuestionamientos por el cambio en la visión del Gobierno sobre la presencia de militares en la Macrozona Sur, el delegado recalcó que las medidas a implementar “no están escritas en piedra”.

“Ningún gobierno, desde la vuelta de la democracia, ha establecido un plan de estas características para afrontar la situación en La Araucanía”, cerró.