Como relevante para las decisiones que se puedan asumir en la investigación, calificó el Ministerio Público en La Araucanía, un metaperitaje que detallaría que Pablo Marchant, muerto en un ataque en Carahue, recibió dos disparos, uno de ellos con apoyo en su cabeza, por lo que se trataría de una ejecución.
Lo anterior por la diligencia que realizó la familia del joven integrante de la CAM, en base al informe de autopsia practicada en el Servicio Médico Legal de Temuco.
Por ello, el fiscal regional Roberto Garrido indicó que es relevante conocer el informe pericial, que no ha sido incluido en la carpeta investigativa. Causa, que recalcó, sigue con todas sus líneas abiertas.
“Tomamos conocimiento que existía un metaperitaje, es decir, un informe que se realiza a partir del informe de autopsia, que ya está incorporado en la carpeta de investigación, que lleva a conclusiones distintas e incluso contradictorias con lo que se sostiene en ese informe. Es relevante poder contar con ese antecedente que todavía no ha sido incorporado en la carpeta de investigación”, informó.
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También precisó que se está a la espera de los informes que se encargaron a la Policía de Investigaciones.
Las declaraciones las entregó tras la información entregada por el medio La Otra Diaria, que tuvo acceso al “Pre-informe Metapericial Forense Criminalístico”, donde se establece que “la tipología de las lesiones que provocan la muerte de Marchant Gutiérrez y el análisis y correlación criminodinámica de las mismas, permiten plantear un mecanismo de ejecución (…) llama la atención la posición de las extremidades inferiores del occiso, las que se encuentran flexionadas a la altura de las rodillas, lo que hace presumir que éstas se encontraban flexionadas al momento de recibir el impacto balístico y en posición de no poder extenderse, lo que ocurriría sólo al encontrarse el cuerpo en posición arrodillado, con la cabeza inclinada hacia abajo”.
Tras los hechos ocurridos en Carahue el 9 de julio en un predio forestal, se abrieron dos investigaciones: una por el ataque incendiario armado en contra de trabajadores de la faena y el segundo por la muerte de Marchant. La última está a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.