Investigados por los delitos de secuestro agravado y secuestro con homicidio quedaron diez de los doce imputados por los hechos registrados en la comuna de Collipulli que derivaron en el asesinato de un hombre, cuyo cuerpo habría sido desmembrado y quemado junto a otras evidencias para hacerlo desaparecer.

Además dos de los imputados quedaron investigados, en un caso sólo por secuestro con homicidio y en el otro por secuestro agravado. Cinco de los imputados quedaron además investigados por porte de armas de fuego y otros dos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Desde el Ministerio Público señalaron que los imputados arriesgan la pena de presidio perpetuo.

Los 12 imputados, que paulatinamente desde la noche del pasado jueves hasta la madrugada de ayer lunes fueron quedando a disposición de la Justicia, enfrentaron por más de siete horas la audiencia de Formalización de la Investigación.

Nueve hombres y dos mujeres estuvieron conectados con el Juzgado de Garantía de Collipulli desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, en tanto desde el cuartel de Carabineros en Collipulli se conectó el último de los imputados. Todos fueron informados de la investigación que está desarrollando en su contra la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC), por el secuestro de dos personas y el homicidio de uno de ellos, tras someterlos a brutales torturas y vejámenes.

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Entre los detenidos se incluyó a los dos que resolvieron entregarse a la Fiscalía el pasado jueves, al advertir que el cerco policial se estrechaba en torno a ellos, a quienes se suman dos personas detenidas el viernes en Collipulli, otras dos aprehendidas en Vilcún y cinco detenidas el sábado en el domicilio de María Ancalaf Llaupe en la comunidad Choin Lafquenche del camino San Andrés, sector Victoria Unida a 17 kilómetros al oriente de Collipulli.

El último de los 12 presuntos implicados, hijo de la mujer, fue presentado poco antes de la 01:00 horas del domingo ante la Segunda Comisaría de Carabineros de Collipulli, institución policial ante la cual no mantenía orden de detención, tal como lo confirmó el mayor, Eric Anfossy.

El dirigente, Víctor Ancalaf Llaupe, tío del detenido, lo acompañó a la unidad policial, estableciéndose que el hombre de 31 años de edad estaba trabajando en Chillán y que al enterarse por los medios de comunicación de lo ocurrido, habría resuelto viajar a Collipulli para presentarse a la Justicia.

El fiscal regional del Ministerio Público en La Araucanía, Roberto Garrido, detalló los antecedentes que recogió el juez de Garantía para decretar la prisión preventiva para los 12 imputados, partiendo por la declaración de la víctima sobreviviente y de quienes se entregaron para colaborar en la investigación.

En tanto el fiscal Miguel Ángel Rojas, vocero del Ministerio Público en La Araucanía, precisó que los imputados arriesgan la más alta pena vigente en Chile, es decir presidio perpetuo calificado.

La defensa de ocho de los imputados fue asumida por la Defensoría Penal Pública Mapuche, detallando la abogada, Gloria Castro, la labor desplegada en esta etapa de la investigación.

Al momento, las diligencias desarrolladas en el lugar en que las víctimas estuvieron secuestradas desde el 2 de junio, han permitido levantar muestras que podrían arrojar evidencias biológicas, por cuanto hasta ahora se ha establecido que el cuerpo de uno de los secuestrados fue hecho desaparecer usando soda cáustica y fuego, tras lo cual las cenizas habrían sido lanzadas a un río.

En el lugar además se levantaron pequeños restos óseos que permanecen en el Servicio Médico Legal para establecer primero si son humanos, y de ser así, verificar que correspondan a la víctima fatal, Edgardo Mardones, quien habría sido ultimado el 12 de junio, luego que los captores advirtieran que el segundo secuestrado, Ernesto Abello, había escapado.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)