El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal por el delito de torturas, que presuntamente habría efectuado una patrulla militar en contra de cinco jóvenes en Collipulli, Región de La Araucanía.

De acuerdo a los testimonios recogidos por el INDH, la madrugada del 14 de octubre pasado, un grupo de tres hombres y dos mujeres que se encontraba en el sector Los Pinos, fueron interceptados por un camión militar.

Portando armas de fuego, los funcionarios del Ejército habrían descendido del vehículo en que se movilizaban para proceder a apuntar y reducir violentamente a los jóvenes, para luego esposarlos con amarras plásticas.

Durante dicho procedimiento, los militares habrían insultado y amenazado a las víctimas, incluyendo epítetos racistas en contra de un joven mapuche.

Para el abogado del INDH Instituto Nacional de Derechos Humanos, Marcos Rabanal, lo más grave es lo que ocurrió después. En una zona rural, en medio de una plantación de pinos, los jóvenes habrían sido sometidos a un simulacro de fusilamiento.

“Finalmente les cortan las amarras plásticas y efectúan una maniobra que comúnmente se conoce como ‘pasar bala’, con las armas y amenazan con fusilarlos, que no miren hacia atrás, para posteriormente retirarse en el camión militar, dejando a las víctimas a su suerte en ese sector rural”, detalló la defensa.

Rabanal agregó que en medio de este procedimiento, los militares también habrían rociado a los jóvenes con un líquido, aparentemente acelerante, por lo que éstos pensaron que serían quemados.

Consultado por Radio Bío Bío, el jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, general Rodrigo Pino, junto con asegurar la colaboración en la indagatoria, descartó que los procedimientos se alejen a los protocolos establecidos.

“Se hace presente que desde la entrada en vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el personal militar que efectúa labores de apoyo a la autoridad sanitaria y control de toque de queda, lo ha realizado con estricto apego a los protocolos dispuestos por la autoridad”, aseguró el general Pino.

Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el relato de las víctimas configuran el grave delito de torturas, por lo que buscan las responsabilidades a través de la querella.