La Contraloría inició diversos sumarios tras detectar falencias en la notificación de posibles donantes y la falta de coordinación de hospitales en 79 casos en La Araucanía, durante el pasado 2019.

Esto se da luego de una indagación a raíz del caso de Joaquín Bustos, joven cuyos órganos no lograron ser donados por la falta de un avión para trasladar las procuras desde Temuco.

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Según informó el organismo, la Contraloría Regional determinó que en la zona no se aplicaron los protocolos respectivos en 79 casos de posibles donaciones. Los informes del Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAR) y del Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), arrojaron 38 y 41 situaciones de falencias respectivas.

De estos casos, 14 personas estaban internadas en hospitales generadores de posibles donantes.

El documento señala que la evaluación Glasgow 3, que es la escala de aplicación neurológica que mide el nivel de conciencia de una persona, se aplicó en 11 de esos casos, por lo que debían someterse a una certificación de muerte encefálica. Sin embargo, no se aplicaron los protocolos correspondientes para descartar o advertir un posible donante.

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Según el informe de Contraloría, los otros tres pacientes, que fallecieron por criterio neurológico, ni siquiera contaron con la evaluación Glasgow, por lo que no se determinaron eventuales donaciones.

Falta de coordinación entre recintos

Otros 24 pacientes que fallecieron por criterio neurológico en 2019, estaban en recintos que no cuentan con las condiciones de ser generadores de posibles donantes. El informe detalla que en estos casos hubo falta de coordinación con los recintos que sí cuentan con las condiciones.

En los 41 casos del SSAN, dos de los pacientes evaluados con Glasgow 3 no fueron sometidos a los protocolos correspondientes.

Los otros 39 corresponden a pacientes que fallecieron en seis establecimientos dependientes, donde no se realizaron las coordinaciones con los hospitales respectivos.

Sumarios a los Servicios de Salud

En los dos servicios de salud de La Araucanía se realizarán sumarios, para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios. Ambos deberán informar en un plazo de 15 días el inicio de los procedimientos disciplinarios.

En el oficio, Contraloría advirtió a la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante sobre la necesidad de gestionar contratos con empresas privadas o convenios con organismos públicos, para asegurar la disponibilidad de traslado aéreo y que no se vuelvan a registrar casos como el de Joaquín Bustos.