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La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el traspaso de recursos para paliar la escasez hídrica en Coquimbo, iniciando un sumario y remitiendo antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Entre las anomalías encontradas se destaca la adquisición de bombas a sobreprecio por parte de la Municipalidad de Ovalle y pagos por servicios con fechas de ejecución incorrectas en Punitaqui. Además, se detectaron rendiciones de gastos por deudas de agua potable en Salamanca y Andacollo, municipios que ya habían cancelado dichos consumos en 2020. Por consiguiente, se ordenó la restitución de recursos por un total de $45.926.197 y la entrega de antecedentes sobre adquisiciones en otros municipios para verificar la recepción conforme de los productos.
La Contraloría General de la República detectó y advirtió irregularidades en el traspaso de recursos para paliar la escasez hídrica en Coquimbo. Por esta razón, iniciará un sumario y remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En concreto, según su informe Nº 415 de 2024, existieron diversas anomalías en el traspaso de recursos desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Coquimbo.
“En la auditoría se constató que la Municipalidad de Ovalle adquirió cuatro bombas de 1 HP-220 V por un valor de $1.442.500 sin IVA cada una. Sin embargo, el precio pagado por el municipio resulta desproporcionado si se compara con los valores publicados en Mercado Público, que oscilan entre $241.613 y $675.000, o con los informados por distintas empresas, que van entre $149.990 y $469.990″, se indica desde el ente contralor.
Agregando que, en ese sentido, “se advirtió un sobreprecio aproximado por unidad de $767.500, equivalente a un 187,95% sobre el valor de mercado promedio”.
Otro de los hallazgos está relacionado con un pago de $99.774.198, desde la Municipalidad de Punitaqui, a tres empresas. Esto, por prestaciones de servicios de arriendo de maquinarias, contratados mediante trato directo.
En este caso, las empresas emitieron facturas electrónicas el 19 de diciembre de 2022, las cuales fueron recepcionadas de manera conforme por la municipalidad.
Sin embargo, se verificó que los servicios fueron ejecutados entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, y que los documentos emitidos por el municipio que dan cuenta del término del servicio son diferentes a estas fechas.
Por esta razón, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Punitaqui instruir un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de ello.
Irregularidades para mitigar escasez hídrica en región de Coquimbo
La CGR también señala que, de acuerdo con los convenios de transferencia aprobados por la Subsecretaría del Interior, se establece que los municipios pueden destinar fondos de emergencia para solucionar deudas con proveedores.
En una revisión a las rendiciones de cuentas de los municipios de Salamanca y Andacollo, entregado por la DPR de Coquimbo, se detectaron rendiciones de gastos por $31.730.545 y $14.195.652, respectivamente, por concepto de deuda de agua potable.
Sin embargo, la Contraloría Regional encontró que ambas municipalidades habían pagado los consumos de agua potable en 2020, lo que implica que, al momento de rendir esos gastos ante la Delegación, no tenían deudas pendientes con el proveedor.
Por eso, la DPR de Coquimbo tendrá que solicitar -a las municipalidades de Salamanca y Andacollo- la restitución de los recursos, lo que equivale a un monto total de $45.926.197. Esto tendrá que ser informado a la Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles.
Por otro lado, los municipios de Andacollo, Paihuano y Coquimbo adquirieron bienes y servicios por $109.337.229. Sin embargo, en sus expedientes de pago no se encontró el listado consolidado con la firma de los beneficiarios que registre su recepción conforme.
Así, estas municipalidades tendrán que proporcionar -a la Delegación Presidencial Regional- los antecedentes que den cuenta del cumplimiento del convenio en relación con la recepción conforme de los productos por parte de los beneficiarios.