Debido a que el cese de sus funciones ya fue definido por el TRICEL, y queda sin efecto cualquier recurso que intentara mantenerle en el cargo, solo restaría definir el cierre de los últimos compromisos que vinculan a Krist Naranjo, con el Gobierno Regional de Coquimbo.
Esos vínculos serían los equipos tecnológicos asignados en el marco de sus funciones (computador, tablet, teléfono) y la residencia fiscal que ocupó desde que asumió su cargo como máxima figura regional.
Si bien no hay un plazo definido en los reglamentos para que el reintegro de los equipos y la vivienda pueda hacerse efectivo, trascendió que este miércoles la exgobernadora ingresó un documento oficial en el cual señala no tener problemas para entregar la vivienda.
Respecto a los equipos, estos ya fueron devueltos ayer.
Krist Naranjo
La normativa que se aplica a los funcionarios del gobierno regional de Coquimbo que cuentan con una vivienda fiscal, forma parte del Estatuto Administrativo, que fue actualizada en marzo de este año, y en el que se aprobó el Manual de Procedimiento sobre el control de canon y la devolución de vivienda fiscal.
En el documento se explica que “el funcionario tendrá derecho a ocupar con su familia la vivienda fiscal que le sea asignada. (…) La presente destinación terminará por la circunstancia de concurrir alguna de las causales de cesación del cargo”.
Igualmente, se señala que el monto de la renta mensual será como mínimo el equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo, y que los funcionarios están obligados a mantener la vivienda fiscal en perfecto estado de aseo y conservación.
En cuanto a la restitución del inmueble, el gobierno regional deberá exigirlo inmediatamente desde que se produce la cesación del cargo, “sin perjuicio que la autoridad pueda conferir un término prudencial para que el funcionario ponga a disposición de la institución el bien inmueble”.
Reintegro de la vivienda
Consultada sobre los pasos a seguir en este tipo de situaciones, la abogada, magíster en Derecho Público, y académica de la Universidad Central de Chile en Coquimbo, María José Lira, explicó que los plazos de entrega en este tipo de casos no son rígidos y que tienen que ser convenidos entre las partes.
“No hay ninguna norma que establezca un plazo para que el reintegro de la vivienda se produzca. En casos de otros funcionarios a los que se les ha asignado casa, y dejan de pertenecer a la institución, cuesta para que devuelvan la residencia. Pero ese plazo lo debería fijar el propio gobierno regional, pues es el que tiene a su cargo la vivienda”, señaló la profesional.
Recalcando que los plazos que se estilan en este tipo de casos es de 30 o 40 días, en los que incluso el exfuncionario puede solicitar una extensión si es que requiriera más tiempo para resolver algunas situaciones.
“Si el plazo definido no se cumple o hay inconvenientes para la restitución de la vivienda, se solicita al Ministerio del Interior apoyo con auxilio de la fuerza pública para hacer el proceso de recuperación de ese inmueble”, precisó.
Sobre quién y cómo se certifica la entrega, la académica señaló que cuando se fija el plazo, funcionarios del gobierno regional, generalmente de la dirección de Administración y Finanzas, hacen la recepción de la vivienda.
“Si es que existe alguna situación de daño, tendrá el gobierno regional que ejercer las acciones legales de restitución por aquellos daños o deterioros que se evidencian. El funcionario que se destine para esto debe hacer la gestión de la devolución de la vivienda”, puntualizó Lira.
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