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La defensa de la exgobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tras su destitución por abandono de deberes, buscando revertir la decisión del consejo regional que data desde 2022. El abogado Isidro Solís lidera esta acción que busca cuestionar la falta de pruebas contundentes en los cargos en su contra, incluyendo la rendición de cuentas por sus viajes oficiales, argumentando que la sentencia es desproporcionada e injusta. Expertos sugieren que el recurso tiene como principal objetivo demorar la salida de Naranjo, abriendo un nuevo capítulo en este conflicto.

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Durante la jornada de ayer se materializó el recurso de apelación por parte de la defensa de la -ahora- exgobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, tras la destitución del cargo por abandono de deberes.

De esta manera, el recurso fue presentado ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Recordemos que la decisión viene dada por la voluntad de los consejeros regionales de lograr una salida judicial -solicitada desde 2022- a un problema de gestión que se había convertido en una problemática para el avance de las políticas regionales.

Así, el recurso presentado por el abogado Isidro Solís podría abrir un nuevo escenario en torno a este tema. En tanto, expertos señalan que el recurso de apelación tendría como único objetivo dilatar la salida de Naranjo.

Defensa de Naranjo presenta recurso de apelación

En el documento, la defensa argumenta que el tribunal consideró acreditados varios cargos en contra de Krist Naranjo, pero sin las pruebas suficientes.

Un ejemplo señalado es la acusación de que Naranjo no rindió cuentas adecuadamente sobre sus viajes oficiales.

Según la defensa, esta afirmación es errónea, ya que toda la documentación correspondiente fue debidamente presentada, pero no fue considerada de manera justa por el tribunal. Además, se señala que la sentencia es “desproporcionada” e “injusta”.

En concreto, la defensa de Krist Naranjo apela a que la sentencia de destitución es legalmente incorrecta, carece de pruebas suficientes, y es desproporcionada, pidiendo que sea revocada o, al menos, que se imponga una sanción menos severa.