Esta semana, en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, iniciaron los alegatos de apertura del juicio por el secuestro con homicidio en contra de Alejandro Ponce, joven asesinado en noviembre de 2022 en Paihuano.
En total, hay nueve imputados por su participación, en distintos grados, en el delito. Además, en ilícitos como inhumación ilegal y microtráfico de drogas, relacionados con el mismo hecho.
En ese sentido, la fiscalía imputó, en calidad de autores por el delito de secuestro con homicidio, a cinco de los individuos identificados con las iniciales J.S.M.O., A.C.N., A.M.Z., S.P.H. y W.I.R.
Por su parte, a los imputados -identificados como C.M.Ch., T.S.C., J.J.A. y G.A.M.– se les acusa de ser encubridores del hecho.
En este sentido, el fiscal jefe de Vicuña, Juan González, solicitó penas de presidio perpetuo calificado, otras de 20 años de cárcel y penas menores, de 7 años, para los imputados definidos como encubridores del crimen.
“Contamos con pruebas suficientes para acreditar los hechos, el secuestro, el homicidio y la inhumación ilegal. Tenemos distintos medios de prueba, desde material audiovisual hasta testimonios”, afirmó el fiscal.
González también destacó que, además de las cámaras de la vivienda donde ocurrió el hecho, cuentan con una serie de pruebas adicionales para respaldar los hechos.
Por otro lado, la abogada Cecilia Álvarez, querellante en representación de la madre de la víctima, señaló que la acusación está formulada en el sentido de que todos los acusados tienen un grado de participación y, dada la gravedad del delito, solicitarán las penas más altas.
Y es que, pese a la postura de la defensa -que argumenta que muchos de los implicados en el caso son consumidores de droga y actuaron por temor a la figura de J.S.M.O.– la abogada Álvarez aseguró que cada uno de ellos participó de libre voluntad y que la dependencia de la droga no los llevó a tomar esta decisión que terminó con la vida de la víctima.
Es importante destacar que, de manera paralela, se presentó, además, una demanda civil en favor de las víctimas indirectas del hecho, con el fin de obtener una indemnización de 100 millones de pesos.
Secuestro y homicidio de Alejandro Ponce
El secuestro y posterior crimen de Alejandro Ponce Rodríguez se remonta a noviembre de 2022, cuando el joven fue visto por última vez la noche del lunes 28 de ese mes, luego de acordar encontrarse con una “amiga”.
Según los antecedentes policiales, la mujer habría actuado en complicidad con otro individuo, quien mantenía diferencias con la víctima después de que ésta saliera con su expareja.
Es en este contexto que Ponce fue abordado por un grupo de individuos en ese lugar, quienes lo trasladaron a una casa donde fue brutalmente golpeado, ocasionándole la muerte.
Posteriormente, su cuerpo fue abandonado a 12 kilómetros del área urbana de la comuna de Vicuña, donde fue encontrado más tarde, semienterrado.
Consumo de droga
Tal como se mencionó anteriormente, las defensas de algunos de los imputados argumentaron en sus alegatos que sus clientes sufren de un consumo problemático de pasta base.
A la vez, dijeron que el principal acusado -J.S.M.O- los contrataba para realizar trabajos esporádicos de limpieza, construcción y mantenimiento de viviendas.
En ese contexto, aseguraron que la forma de pago por estos servicios incluía una parte en dinero y otra en droga, lo que creaba un contexto de subordinación y dependencia para aquellos que participaron en el hecho.
Además, reiteraron que actuaron bajo un “miedo insuperable” ante la figura de J.S.M.O., hecho que se vio exacerbado por la baja escolaridad de algunos de los imputados, lo que los habría llevado a seguir las órdenes sin cuestionarlas.