Un largo camino de dolor sigue recorriendo Mery Cortez en busca de justicia para su hijo Romario Veloz. Su objetivo es esclarecer la responsabilidad de funcionarios del Ejército en la muerte del joven ecuatoriano en el contexto de una manifestación del estallido social en La Serena.
Si bien los principales uniformados involucrados fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de la capital regional por los delitos de homicidio, homicidio frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, el proceso actualmente se encuentra suspendido.
Cabe recordar que el hecho se remonta al 20 de octubre de 2019, primer día de las masivas manifestaciones en la capital regional, cuando Veloz fue alcanzado por las balas que disparó un pelotón que disuadía a un grupo de delincuentes que perpetraban un saqueo en tiendas de Mall Plaza, a un costado del punto de destino de la protesta, en las inmediaciones del terminal de buses, y que terminó con la muerte del joven ecuatoriano.
La acongojada madre no había querido hablar en el último tiempo con los medios, tomando distancia de la tramitación del Tribunal Constitucional y dejando todo en manos de sus abogados.
Pero el pasado martes, tras reunirse con Cristian Araya, comandante del Regimiento Coquimbo, y no encontrar respuestas, volvió a conversar con los medios y hacer público el poco avance que tiene la otra arista del caso, que es el sumario interno de la institución militar.
Cortez sostiene que solicitó una audiencia para conocer el resultado de este sumario administrativo que se lleva a cabo por la muerte de su hijo y esclarecer el homicidio, según publica El Día.
“Este comandante me dice que no tiene mayor incidencia y que debo ir a hablar a Santiago con el fiscal del caso. Nosotros esperamos que den los nombres de los verdaderos culpables respecto a la muerte de Romario, pues sabemos que hay más funcionarios involucrados de los altos mandos que también tienen un grado de responsabilidad”, señala.
La mujer afirma que han pasado cuatro largos años de espera sin poder obtener justicia para su hijo y su familia. “Comenzaron a investigar dos años después de la muerte de mi hijo, es demasiado tiempo”, dice ella.
Su abogada, Adriana Rojas, indica que según lo señalado por las autoridades del Ejército, el sumario se encuentra en etapa de recursos.
“Esto significa que se dictó una especie de sentencia y supongo que los acusados están apelando. Nosotros no tenemos acceso a esa información ni a las conclusiones de la investigación, que comenzó en septiembre de 2021 y que, a pesar de haber pasado más de un año y medio, no ha comunicado resultados”, agrega.
Rojas sostiene que si bien el Ejército había manifestado que no iba a investigar ninguno de estos acontecimientos, “se sustentaron en normas muy malinterpretadas de su propia normativa y de hecho, el propio ministro de la época, (Mario) Desbordes, dijo que no lo iban a hacer”.
“Luego, cuando hicimos la presentación en Contraloría, se les obligó a investigar. Nuevamente recurrieron ante la resolución y Contraloría insistió en ello, por lo que están obligados a hacerlo. Nos llevó mucho tiempo por esta resistencia”, agregó.
La abogada explica que, aunque solicitaron el sumario, no son intervinientes, por lo que desconocen en qué etapa se encuentra. “No estamos conformes con el tiempo que se ha demorado y seguimos esperando los resultados. Esto angustia a Mery y a la familia, y más allá de la otra arista penal, esto es igual de importante”, dice.
Rojas espera contar pronto con una programación del juicio oral. “Por ahora no tenemos fecha, está suspendido debido a la resolución del Tribunal Constitucional. Esperamos que se fije pronto una fecha para el juicio”.