Continúa la polémica al interior del Gobierno Regional de Coquimbo, esta vez debido a la desvinculación de Eduardo Torres, el conductor de vehículo fiscal que denunció malas prácticas y maltrato por parte de la gobernadora Krist Naranjo.

Torres indicó que este 1 de diciembre, Correos de Chile le entregó una carta diciendo que no le renovarán el contrato este año. Sin embargo, en la misiva no había ninguna razón que explicara esta decisión, cosa que lo consternó, ya que según él, su abogado defensor y el Gobierno Regional (GORE) habían acordado que se le renovaría la contrata administrativa.

Para Torres este es un castigo por hacer lo correcto, alegando que “lo que yo tenía que hacer era informar sobre cualquier anomalía y eso fue lo que hice, siempre actúe con ética, entonces no es justo que yo pague por culpa de gente corrupta”.

“Entrar al GORE fue como meterme a una piscina con tiburones y pirañas”, expresó Torres, quien aún mantiene su tratamiento psicológico en la Mutual de Seguridad.

Contexto

Recordando lo sucedido, Torres relató que desde un principio informó a sus jefaturas directas que estaba siendo maltratado psicológicamente por la gobernadora, quien además lo presionaba para hacer cosas que no corresponden ante la ley. También hizo 3 informes escritos, el último de estos es el que se filtró a la prensa, pero nunca obtuvo respuesta.

Según Torres, después de esta filtración, el jefe de Administración y Finanzas, Mauricio Fuentes; y el administrador Regional, Francisco Fuica, le ofrecieron cambiar de puesto, cosa que él aceptó.

Luego de esto, acudió a la Mutual, donde le diagnosticaron estrés laboral por maltrato psicológico y desde donde se realizó un cuestionario a los distintos funcionarios del GORE.

Después de esto, prestó varias declaraciones en la Contraloría, entregando las mismas pruebas que entregó en la Mutual, como las fotos de las distintas ubicaciones a donde la gobernadora lo obligaba a ir, las que también mandó a la encargada de la Unidad de Operaciones, María Paz Véliz, para dejar registro.

“A pesar que lo negó, Mauricio Fuentes y el jefe de Administración, Diego Herrera, sabían que esto estaba pasando, pero ninguno hizo nada para detenerlo”, sostuvo Torres.

Acto de represalia

El abogado de Eduardo Torres, Jorge Villar, también se refirió a este tema. Dijo que “presentamos una tutela laboral en contra del GORE, el 19 de agosto del 2022, ante el Tribunal del Trabajo de La Serena, en la que denunciamos el maltrato y menoscabo en el contexto de la relación laboral, y en esa misma acción, reclamamos el cumplimiento del deber de cuidado del empleador respecto de su trabajador”.

Villar también detalló que después de la primera audiencia, pudieron entablar una conversación y negociación con el GORE, acordando dejar el procedimiento hasta ahí, a cambio de que el GORE implementase un sistema que evite que otros trabajadores vuelvan a sufrir este tipo de maltrato, entre otras cosas.

“Nosotros cumplimos de buena fe y creímos que todo estaba superado, pero llegó esta notificación de no renovación de la contrata administrativa de mi representado, que es un acto de represalia que no tiene fundamentación suficiente, en contra de un trabajador valiente que se atrevió a denunciar al GORE en el aspecto laboral y a la gobernadora en lo administrativo”, alegó el abogado.

En cuanto al curso de acción que tomarán, Villar adelantó que están evaluando las acciones legales a seguir.

Sin justificación

Por su parte, el presidente regional de la ANEF, Patricio López, manifestó que además del caso de Eduardo Torres, hay otros 2 casos notificados y se está a la espera de la carta de notificación de otro funcionario.

En relación a esto, López puntualizó que “la desvinculación de cualquier trabajador requiere de una justificación y es lo que nosotros y la Contraloría exige, cosa que según nuestros antecedentes en estos casos no está”.

López también agregó que desde la ANEF prestarán apoyo a todos los trabajadores que fueron desvinculados, en forma de orientaciones o declaraciones si así se requiere.

Por otra parte, la tesorera de la Asociación de Funcionarios del GORE Coquimbo, Náyade Aguirre, aseguró que “despedir a un funcionario que demandó judicialmente sus derechos, se puede interpretar como un castigo para él y una señal de amedrentamiento a todos sus colegas, lo que tiene un efecto inhibidor en la erradicación de la violencia en los espacios de trabajo”.

Cabe agregar que desde el GORE, se declaró que “tal como lo dice la Ley, se dio aviso en el período y plazo que se determina, de término de contrata a 3 funcionarios y a un honorario”, añadiendo que éstos están justificados tanto técnica como legalmente.

Mal uso del vehículo fiscal

Entre las acusaciones que Torres hizo en contra de la gobernadora, se tiene que le pedía que llevara a su hijo a la universidad, que la llevara a realizar las compras en el supermercado y al mall de La Serena y Coquimbo. Agregó que también lo presionaba para que infringiera la Ley de Tránsito.

Sin embargo, una de las acusaciones más graves de Torres es que “el 16 de diciembre del 2021, al retorno de un cometido a Tulahuén, era de noche cuando la gobernadora quiso descansar en Monte Patria, pero antes de eso, me ordenó que la pasara a dejar a la Plaza de Armas de la comuna, para participar del cierre de campaña del actual presidente, ocasión en la que dio un discurso agradeciendo a los valientes del 28 de octubre y llamando a votar por Boric”.

“Ella me ordenó dejar el vehículo fiscal estacionado en un lugar de poca luz y me presionó para que la acompañara a modo de escolta, ya que según ella no podía andar sola”, afirmó Torres.

Otra situación que recalcó Torres es que “la gobernadora ocupó el vehículo fiscal los días de las elecciones presidenciales para ir a Monte Patria a votar, llevando en dicho auto a su hijo, a Leonardo Pasten y a Rocío Muñoz”.

Con relación a esto, Torres explicó que desde la Unidad de Operaciones se le ordenó cumplir con este cometido, pese a que él les señaló que no correspondía usar un vehículo fiscal para un trámite personal, situación que además le impidió a él ejercer su derecho a sufragio en las dos ocasiones.

En relación a esto, la abogada y magíster en Derecho Público, María-José Lira Marti, especificó que “en caso de que la Contraloría General determine que hubo un mal uso del vehículo fiscal y eso constituye una falta grave a la probidad administrativa, lo siguiente es informar al Consejo Regional (CORE), el que de acuerdo a sus facultades legales y a requerimiento de al menos un tercio de los consejeros, solicitará al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que se investigue, y se sancione o se destituya”.