En procedimiento abreviado se puso término a la investigación por la muerte de Héctor Saavedra, conductor de la aplicación móvil InDriver. El hombre fue asesinado por un grupo de adolescentes que habían solicitado sus servicios de transporte con el objetivo de asaltarlo.
La defensa de los tres imputados aceptó cerrar el proceso sin llegar a la instancia de juicio oral. Esto, acogiendo la propuesta de la Fiscalía de imponer a los tres acusados las máximas sanciones.
Lo anterior, según lo contemplado en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: 10 años de internación en régimen cerrado para dos jóvenes de 17 años y 5 para la adolescente de 14, con respectiva derivación a programas de reinserción social.
El grupo hizo ingreso al Centro de Sanciones de Régimen Cerrado (CRC) de La Serena.
Cabe recordar que este hecho conmocionó a la comuna de Coquimbo a inicios del mes de febrero de este año.
La desaparición del conductor
Este caso se hizo público cuando aún no se tenía certezas sobre el paradero y el estado de Saavedra, un trabajador y joven padre de la comuna de Coquimbo.
El joven se dedicaba a conseguir el sustento diario en el transporte informal de pasajeros, como conductor de distintas plataformas móviles. Sin embargo, el domingo 30 de enero, se perdió su rastro.
La desaparición fue reportada primero como un “secuestro” en redes sociales. Esto convocó una intensa búsqueda por parte de sus colegas conductores, que tenían el último registro de su ubicación en la ruta 5 norte.
Una vez tramitada la denuncia por presunta desgracia, a los esfuerzos se sumó personal policial, que por más de un día no lograron dar con su paradero.
Mensajes extorsivos y hallazgo del cadáver
La familia indicó que había recibido mensajes extorsivos, lo que sustentaba la teoría del secuestro, pero el hecho se esclareció con el primer hallazgo.
Tras la intensa búsqueda, encontraron el vehículo de Héctor abandonado en el sector de El Panul. Posteriormente, dieron con su cuerpo, ya sin vida y con claros signos de violencia.
En primera instancia, el crimen del conductor se vinculó a dos jóvenes de 17 años. No obstante, las indagaciones lograron establecer que estaban acompañados por una adolescente de 14 años y una niña de 12.
De esta manera, los dos primeros fueron detenidos y formalizados, mientras que las últimas declararon de manera voluntaria ante la PDI, en calidad de testigos.
Luego de presentar su testimonio, a la mayor de ambas también se le imputó en el caso.
En el inicio del proceso de persecución, la defensa cuestionó la legalidad de la última detención, pero la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la resolución del Juzgado de Garantía.
Por su parte, en conformidad a la ley, la niña de 12 años terminó sin sanciones, debido a su inimputabilidad.
Dinámica del delito: estrangulamiento contra el conductor
Las investigaciones continuaron por casi nueve meses, avanzando con rapidez en los primeros días, luego que los detectives lograran recabar pruebas de lo ocurrido. Esto, tras encontrar el arma homicida y dilucidar la dinámica completa del delito con grabaciones de la cámara de seguridad de la residencia de uno de los involucrados.
Con base a los análisis, los exámenes determinaron que los adolescentes habían sometido al conductor a estrangulamiento y luego le propinaron 21 puñaladas con un cuchillo. El arma corto punzante la habían conseguido en la conserjería del edificio, antes de salir a delinquir.
Un robo anterior a otro conductor
El caso fue indagado por la Unidad de Análisis y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Coquimbo. Esta causa se sumó a los trabajos que realizaba el ente persecutor para esclarecer una serie de robos cometidos en la zona a conductores de aplicaciones móviles.
En este contexto, el organismo logró determinar que miembros del mismo grupo habían participado en otro delito similar, aunque sin un desenlace fatal, el mismo día de la muerte de Héctor.
De acuerdo a información entregada por El Día, en acta de la audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía relató que el “hecho 1” se registró a las 2:20 horas de ese mismo 30 de enero, donde tuvieron participación los dos jóvenes de 17 años.
El documento describe que “previamente concertados y con la finalidad de sustraer especies”, solicitaron un viaje a un conductor de InDriver. Se subieron al vehículo en calle Los Clarines, en Coquimbo, y el recorrido terminó en avenida El Culebrón, donde intimidaron al trabajador.
En ese momento, uno de los acusados tomó un aparente arma de fuego y la puso en el cuello del conductor, indicándole que les entregara dinero.
La víctima se resistió y, tras un forcejeo, salió del vehículo con las llaves del mismo, mientras que los asaltantes huyeron con un teléfono celular y $30.000 en efectivo.
Este hecho fue calificado como robo con violencia, con la participación de los dos hombres del grupo. Asimismo, horas más tarde se registró el segundo, instancia en que actuaron los cuatro y que terminó con la muerte de Saavedra.
Pruebas y penas
La Fiscalía presentó entre sus pruebas el arma y un controvertido video público. Se trata del registro en redes sociales que compartió la adolescente, donde se jactaban del robo del vehículo al conductor asesinado. Esto, tras abandonar el cuerpo de la víctima a un costado de la vía.
Los investigadores extrajeron este material desde el teléfono celular y también accedieron a conversaciones entre los acusados. Asimismo, expusieron fotos y videos en que aparecen con armas de fuego en su poder.
Con estos antecedentes, el Ministerio Público propuso un procedimiento abreviado, en que los acusados reconocieron los hechos. Tras esto, fueron sancionados con 10 años de internación en el caso de los hombres -participantes de dos delitos- y 5 para la adolescente, solo por el robo con homicidio.
Se trata de las más altas penas contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
“Fue el mejor resultado esperado y posible, porque nuestro ordenamiento jurídico no contempla penas más altas para adolescentes que han cometido delitos”, afirmó el fiscal de la Sacfi Nicolás Shertzer, que llevó el caso a tribunales.
“Niños tan jóvenes en delitos tan graves”
El abogado Juan Carlos Manríquez, querellante en representación de la familia de la víctima, también mostró su conformidad con el resultado.
“Siendo extremadamente graves estos hechos, un delito de robo con violencia y otro de robo con homicidio, más aún las circunstancias particulares del caso, se les impuso la máxima pena que el sistema permite, que es el sistema cerrado para menores de edad”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que la familia de Saavedra esperaba penas más altas. Avanzado el caso y tras conocer las sanciones del tribunal, “la familia entiende que es proporcional -dentro del sistema legal- al daño causado y, de esa forma, se pone término al procedimiento, dejando establecido como una verdad jurídica y de hecho que Héctor fue asesinado”, subrayó.
En esa línea, por medio del abogado, la familia de la víctima llamó a hacer “una reflexión” del caso.
“El sistema judicial respondió adecuadamente conforme al marco legal. (..) Debiera hacer reflexionar, me dice la familia, sobre lo que puede estar pasando en el país. Cómo es posible que niños tan jóvenes estén involucrados en delitos tan graves”, declaró.
Así, con el mejor resultado posible, la familia de Héctor Saavedra, comenzó a “cerrar un ciclo”.
Junto con ello, Manríquez también entregó su visión. “Creo que si alguna ‘utilidad’ tiene el fallo, es que ellos puedan ir cerrando su duelo tras un hecho tan triste”, finalizó.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
La normativa (Ley 20.084) que aplica para los jóvenes infractores de ley fue creada para establecer un sistema de responsabilidad a menores involucrados en hechos delictuales. Con anterioridad, las personas menores de 16 años no eran inimputables ante la ley y solo se les aplicaban medidas de protección a través de Sename.
Con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Adolescente, la imputabilidad bajó a los 14 años, aunque con el objetivo principal de la reinserción social. Asimismo, en condiciones distintas al sistema para adultos, con el objetivo de respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), a la vez que se habilita la persecución penal de los mismos.
La diferencia más notable entre ambos sistemas, es que los menores de edad infractores de ley no van a cárceles, a diferencia de los delincuentes adultos.
Por otra parte, las medidas de privación de libertad se cumplen en centros de internación con sistemas cerrados o semicerrados. Para los imputados entre 14 y 18 años se garantiza la defensa gratuita y especializada. Además, reciben garantías como educación e intervención con programas de rehabilitación de drogas y alcohol.
Dividido por rango: considera la edad de cuando cometió el delito
El sistema los divide por rango; un grupo de 14 a 16, y otro de 16 a 18 años. En el caso de delitos más graves, como el homicidio, el primer segmento solo puede ser sancionado a un máximo de 5 años de internación. Mientras que los del segundo tramo, a 10 años.
Además, las sanciones son otorgadas en consideración de la edad que tenían a la hora de cometer el ilícito. Es decir, una persona que cometió una infracción a los 17 años, debe ser procesado y sancionado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Esto, independiente que haya cumplido y superado la mayoría de edad.
Finalmente, la ley que entró en vigencia en junio de 2008, también protege la integridad los menores, por lo que sus nombres e información que pueda derivar en su identificación no pueden ser difundidos.