A las 6:00 de la mañana del miércoles pisó suelo colombiano el extranjero de 25 años, tras recibir una pena sustitutiva por tráfico de drogas que lo mantenía recluido en el complejo penitenciario de La Serena, en el marco de las expulsiones desde la región de Coquimbo.
El hombre fue detenido portando 8 kilos de ketamina a fines de marzo del año pasado en la comuna de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá.
Tras la investigación de Fiscalía fue condenado y sentenciado a la pena de 5 años de presidio, que cumplía de forma efectiva en la cárcel de Huachalalume, en la región de Coquimbo.
Con él, ya son 14 los migrantes irregulares que han accedido al beneficio en la región de Coquimbo tras la reapertura de las fronteras, que se mantuvieron cerradas por la pandemia.
Según la PDI, esta cifra va al alza y supera los niveles registrados antes de la crisis, según publica El Día.
Tres nuevas expulsiones en los próximos días desde Coquimbo
Recordemos que la policía civil se encuentra a cargo de concretar los traslados en el marco del programa de expulsiones, emanado desde la Ley 18.216.
La norma establece que si un extranjero en situación irregular es condenado a una pena igual o menor a los cinco años, el juez podrá decretar, de oficio o por petición de las partes, la sustitución del encarcelamiento por la expulsión del territorio nacional por 10 años.
En caso de que antes de ese período sea detectado nuevamente en Chile, deberá entrar a cumplir con su sentencia.
El subprefecto Germán Cerda, jefe del Departamento de Migraciones y Policía internacional La Serena, indicó que además del sujeto colombiano, se esperan tres nuevas expulsiones de internos extranjeros en la zona.
Se trata de sujetos de Colombia, Bolivia y Venezuela, que tienen condenas por delitos de robo con intimidación y robo en lugar habitado.
Sus casos se encuentran en tramitación y podrían ser conducidos a su país durante el presente mes.
Verificación de antecedentes y traslado
¿Cómo se lleva adelante el proceso? El subprefecto Cerda explica que una vez tomada la decisión, el tribunal notifica y se encargan de realizar una verificación de antecedentes, para proceder con la expulsión.
Entre los antecedentes, se debe verificar su identidad, por lo que si no cuentan con documentación, se coordina con el Consulado para un salvoconducto y también se debe corroborar que no cuenten con otra condena que podría impedirles salir del país a través del arraigo nacional. Esto, entre otras situaciones.
Luego, se informa al Ministerio del Interior, que otorga los pasajes, tanto para que el sujeto afecto a la expulsión como para dos escoltas de la PDI, que deben comprobar que la expulsión se concrete.
En caso de países vecinos, Bolivia, Perú y Argentina, se lleva a cabo por tierra y para el resto del mundo, en vuelos comerciales, aunque en calidad de detenidos.
En cuanto a países vecinos, los sujetos son expulsados por Colchane en caso de un condenado boliviano, Chacalluta para quienes son llevados a Perú, y expulsiones a Argentina es regularmente por Juntas del Toro, o Los Libertadores, si el primer paso está cerrado.
Todo el proceso puede demorar cerca de 30 días a 40 días, e incluso más, dependiendo de factores como la disponibilidad presupuestaria y la apertura de fronteras, junto a otros puntos particulares de cada caso.
Alza en casos y efectividad de las expulsiones
El programa de expulsiones se había visto suspendido por el cierre de fronteras producto de la pandemia y se retomó con fuerza en marzo, explica el jefe policial.
Desde entonces se cuentan 14 casos en la región de Coquimbo, mientras se espera sumar otros tres este mes y nuevos en el resto del año.
Según Cerda, ha existido un aumento respecto de lo visto en años anteriores, prepandemia.
Consultado, indicó que existe un alto cumplimiento de la norma, aunque el año pasado se registró una infracción.
“Tuvimos el caso de un boliviano en controles carreteros, fue sorprendido porque había ingresado de manera irregular por un paso no habilitado en Colchane”, indicó.
En dichos casos son puestos a disposición de la justicia y se ordena su ingreso a un penal para cumplir la condena de forma efectiva.