En abril pasado, El Día dio a conocer la declaración de quien, hasta ese momento, se desempeñaba como chofer de la gobernadora Regional de Coquimbo, Krist Naranjo, y en la cual, de manera cronológica, relataba una serie de hechos de maltrato, amenazas e incumplimiento de la normativa de parte de la autoridad.

En síntesis, el trabajador narraba diversas peticiones de la autoridad para ocupar el auto fiscal con fines personales, tales como idas al supermercado, centros comerciales, restaurantes y a la universidad de su hijo.

Asimismo, explicó que en más de una oportunidad Naranjo le pidió exceder la velocidad permitida por la Ley de Tránsito, con la excusa de que se encontraba atrasada, entre otros hechos irregulares.

Lo cierto es que la revelación del documento terminó con un compromiso de parte del Gobierno Regional de investigar los hechos, mientras que Contraloría abrió un sumario contra la autoridad por mal uso de un vehículo fiscal.

En tanto, el ahora exchofer fue destinado a otras funciones dentro del Gore, aunque actualmente se encuentra con licencia médica.

A la justicia

Sin embargo, hace unos días el caso tomó un nuevo rumbo, pues ahora serán los tribunales quienes vean el asunto.

En efecto, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, el exchofer presentó una demanda en contra del Gobierno Regional –cuyo representante legal es la gobernadora Krist Naranjo – por “tutela laboral y cobro de indemnizaciones por lucro cesante, y daño moral por enfermedad profesional”.

En el documento ingresado por el abogado del demandante, Jorge Villar, y al cual tuvo acceso Diario El Día, el funcionario da cuenta de los diferentes hechos a los cuales se vio sometido o debió observar, manifestando de entrada que “mis funciones se vieron alteradas por una serie concatenada y creciente de instrucciones ilegales y humillantes de la Gobernadora Regional, quien desarrolló un proceso de maltrato y acoso laboral que terminó para mí con una severa enfermedad psiquiátrica”.

En ese sentido, en la demanda se observan, al menos, tres situaciones irregulares que se pueden inferir a medida que transcurre el relato del demandante, las cuales van desde infracción a la Ley de Tránsito, maltrato laboral y uso de bien fiscal para fines personales. En este último punto, incluso se detalla una ida al mall para cambiarle un par de zapatos.

Pero además, según explica el abogado Jorge Villar, algunos de estos hechos y situaciones, por ejemplo, “pusieron en riesgo la seguridad personal del trabajador, como por ejemplo solicitudes y requerimientos para que fuera sobre el límite de velocidad, que hiciera caso omiso de las normas del tránsito poniendo excesivamente en riesgo su persona. Todas ellas acciones que ningún empleador, y mucho menos una autoridad, puede hacer”.

A eso se agregan, dice, “otra serie de hechos en contexto laboral en el que se le dice directamente a mi representado -por parte de la gobernadora- que tiene que infringir ciertas normas, por ejemplo, aquellas relativas al uso del vehículo fiscal y otras cosas muy graves, como el uso del vehículo fiscal para actividades que no son propias”.

Sin respuesta

Al respecto, el abogado señaló que todos estos hechos fueron oportunamente denunciados a las propias autoridades del Gobierno Regional, el que, cabe recordar, anunció una investigación.

“Como Gobierno Regional estamos reuniendo los antecedentes para proveer a su esclarecimiento (…) manifestamos que este Gobierno Regional tiene un compromiso con los derechos, dignidad y el bienestar de todo trabajador y trabajadora”, manifestaron desde el Gore en su oportunidad a través de un comunicado.

No sólo eso. En entrevista concedida el pasado 5 de junio, la propia gobernadora Krist Naranjo lamentaba “lo ocurrido”, agregando que “le tengo estima yo a él y cualquier diferencia que haya existido ya había sido superada y hoy día se está investigando por lo que no me puedo pronunciar más al respecto”.

Según el abogado Jorge Villar, sin embargo, nunca se tomaron medidas al respecto. “Este caso fue señalado a las propias autoridades del Gobierno Regional, sin que se tomara ninguna medida para apoyar la situación del trabajador que estaba siendo vulnerado en sus derechos”.

Todo ello, comenta, finalmente desembocó en la decisión de llevar adelante una acción judicial en contra del GORE.

“Esta acción judicial tiene como propósito, primero, que estos actos de parte de la gobernadora y de todo su entorno cesen inmediatamente. Segundo, que se le pida disculpas públicas, y tercero, que se establezcan algunas medidas para que esto no le vuelva a ocurrir a otros trabajadores”, indicó Villar, quien además dio a entender que, hasta ahora, no ha habido acercamientos entre la jefa regional y su representado.

Infracción a la ley de tránsito

En lo referido a lo que se desprende de la demanda, el trabajador inicia su relato explicando la forma en que comenzaron los primeros maltratos en contra suya por parte de la gobernadora desde que asumió su puesto en octubre de 2021.

Así, indica que, primero, fueron “comentarios y frases sueltas de menosprecio a mi persona”, tales como “eres lento”, “eres torpe”, a partir de lo cual agrega, fueron subiendo en intensidad, hasta convertirse “en ataques directos, con palabras de grueso calibre”.

Al mismo tiempo, agrega, comenzaron a aparecer los primeros hechos irregulares en torno al uso del vehículo fiscal, entre los que destacan, idas al supermercado, al mall, a la farmacia, a comprar pizza, o a dejar al hijo de la gobernadora a la universidad, todo lo cual está detalladamente descrito en el documento judicial.

Pero quizás, lo más grave de esto, son las constantes órdenes que el funcionario dice haber recibido de parte de la autoridad para evitar cumplir con las leyes y normativas de tránsito, tal como lo explicó anteriormente, el abogado del demandante.

“Desde el inicio de mis funciones y en reiteradas oportunidades me hacía esperarla afuera de su domicilio por al menos una hora y cuando se subía al vehículo fiscal me pedía que me apresurase, que tomara caminos sin semáforos y/o caminos alternativos, ya que se encontraba atrasada, traspasando una responsabilidad que no me pertenecía, ya que siempre he cumplido con los horarios de citaciones, lo que claramente iba generando un cuadro de estrés”, explicó el funcionario en el documento.

Es más, puntualiza que “en reiteradas oportunidades durante el trayecto de los cometidos me presionó para faltar a la ley N° 18.290 en específico conduciendo el vehículo fiscal a una velocidad mayor a la permitida, además me presionaba para adelantar en doble línea continua y adelantar aproximándome a curvas teniendo como motivo que se encontraba atrasada”.

Uno de los hechos más complejos, asegura, ocurrió el 19 de abril pasado, cuando por un viaje a la localidad de Caimanes, debió pasar a buscar a la gobernadora a las nueve de la mañana, “hora en que fui citado, donde tuve que esperar cuarenta minutos para que ella finalmente saliera. Una vez iniciado el viaje, y durante el trayecto (…) el camino presentaba muchas curvas y alto flujo de camionetas mineras y de camiones de alto tonelaje pertenecientes a mineras del sector, los cuales deben transitar a una velocidad baja controlada por GPS debido a las normas de seguridad de la minería”.

El problema dice, ocurrió cuando Krist Naranjo “me ordenó tocarles la bocina para que apresuraran su marcha y me ordenó adelantarlos en zona de doble línea continua y próximos a curvas, no respetando la ley de tránsito y vulnerando mi seguridad y la de ella misma. Le expliqué de manera caballerosa y respetuosa que esas maniobras no se pueden realizar porque se debe cumplir con la ley de tránsito a toda costa, y nuevamente me increpó de manera descontrolada, señalándome que su tiempo era muy valioso y que no podía perderlo por mis miedos”.

Más hechos irregulares

A lo largo de la demanda, el funcionario continúa con su relato en que da cuenta de más acciones que iban en desmedro de su persona, así con las normas administrativas vigentes.

Uno de esas situaciones está fechada el 23 de febrero, detallando que ese día, “la Gobernadora Regional me ordenó que fuera en el vehículo fiscal a su domicilio a buscar unos remedios que había olvidado (…) Obedecí la orden que me dio, y los remedios me los entregó su hijo, todo esto en el vehículo fiscal. Cuando se lo entregué a la Gobernadora, sin ni siquiera mirarme, me increpó por mi demora, nuevamente me dijo que era lento y que parece que no me gustara mi trabajo, y que eso tenía solución”.

En otra ocasión, sumó, el 14 de marzo a las 17:50 horas, Naranjo “se subió al vehículo fiscal y me solicitó que antes de llevarla a su domicilio desviara la ruta hacia el centro de Coquimbo, exactamente al edificio Diego Portales, ubicado en la calle con el mismo nombre, para una cita médica. Al igual que en situaciones anteriores, me pareció una orden abusiva, pero no me atreví a contradecirla para no desatar su ira”.

A esas alturas, afirmó, su situación personal y laboral se hacía insostenible, pues tras ir a dejar al hijo de la autoridad regional al supermercado “para buscar un computador (…) lo esperara y lo llevara de vuelta de regreso a casa”, el exchofer manifiesta que “yo sabía que estaba arriesgándome a sanciones ya fuera porque se denunciara el hecho a Contraloría, o de negarme a que la misma gobernadora me sancionara no renovando mi contrato o poniéndole término anticipado. En ese estado de angustia preferí obedecer a mi superior jerárquico, pero ya en estado de extrema angustia, esa noche me sentía pésimo, y como hace mucho tiempo no lo hacía estallé en llanto”.

En ese contexto, otro de los hechos que lo afectaron, explica, ocurrió un día antes de la visita del Presidente de la República, Gabriel Boric, cuando la gobernadora le ordenó “estar los tres días vestido elegantemente, siendo que el GORE no me ha entregado ropa de trabajo, la que me fuera prometida en la entrevista de trabajo, donde se indicó que se me facilitara y no fue así. Yo mismo, de mi sueldo tuve que comprar ropa, incluyendo un terno”.

Ante la presentación de esta demanda, El Día intentó obtener la opinión de la gobernadora Krist Naranjo, sin embargo, desde la institución se aseguró que hasta ese momento, no habían sido notificados de la demanda por parte del tribunal.

En lo referido al funcionario, aclararon que este se encuentra con su contrato de trabajo vigente, reiterando la imposibilidad de pronunciarse más sobre el tema.