En las actuales circunstancias, la ampliación de plazo de investigar en el caso de Melissa Chávez se extiende hasta el 23 de septiembre. Sin embargo, hay que considerar que en febrero de 2023 se cumple el plazo legal para que la Fiscalía complete su investigación, por lo que perfectamente se podría llegar a fechas límites.
El pasado viernes, el Juzgado de Garantía de Coquimbo acogió la solicitud de la defensa y extendió en 45 días más la investigación por parricidio, incendio, abuso y violación en el marco de los hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2020, donde Melissa Chávez Ardiles (12) habría muerto a manos de su madre.
Recordemos que en esta causa se indaga la participación de Luis Santander, padrastro de la menor, en los delitos reiterados de abuso sexual y violación.
En tanto, la madre de la menor, Mirta Ardiles, afronta los cargos de cómplice en los delitos que se le imputan a Santander y como autora de los delitos de parricidio e incendio.
Plazos extensos
Tanto Santander como Ardiles se mantienen en prisión preventiva en Huachalalume. Ella, desde febrero de 2021 y él desde noviembre del mismo año.
Estas prolongadas medidas cautelares, sumado a la posibilidad que la defensa de ambos formalizados puedan solicitar la extensión de la investigación, ponen en entredicho los plazos de un eventual juicio oral si las partes no piden nuevas diligencias.
María José Duarte, la abogada que representa a Denis Chávez, padre de Melissa, aseguró a El Día que “de acuerdo a lo que expresa el Código Procesal Penal, el ente que tendría la facultad para pedir la ampliación de plazos debería ser el Ministerio Público, en el caso de que quedaran diligencias pendientes que realizar, y por nuestra parte no hay”.
Por otro lado dijo que “decir que la reparación para la víctima, que es lo más importante para nosotros, se está viendo perjudicada con la ampliación de plazos y así se ha expresado”.
“Esto genera una enorme expectación, al no tener certezas de un juicio, porque lamentablemente la víctima, generalmente, no es escuchada, y mientras más tiempo pase, el proceso de reparación será mucho más difícil para esa familia”, precisó Duarte.
Caso Melissa Chávez
En las actuales circunstancias, la ampliación de plazo de investigar se extiende hasta el 23 de septiembre. Sin embargo, hay que considerar que en febrero de 2023 se cumple el plazo legal para que la Fiscalía complete su investigación, por lo que perfectamente se podría llegar a fechas límites.
Sobre ese escenario, Duarte acotó que “para que eso pueda ocurrir, la defensa tendría que contar con motivos muy bien fundamentados”.
“En efecto, ya el pasado viernes, a nuestro juicio, el Ministerio Público no tenía ninguna diligencia pendiente; y en el caso del abogado de Luis Santander, sólo estaban solicitando temas administrativos, por lo que finalmente se extendió la investigación hasta septiembre, y esperamos que ese plazo se mantenga en ese rango”, añadió la abogada.
Cabe destacar que la defensa del padrastro de la menor solicitó, sin éxito, que se pusiera fin a la medida cautelar de prisión preventiva aduciendo que habrían pruebas “contundentes”.
Sin embargo, María José Duarte aseguró que “no estamos de acuerdo con la revocación de la prisión preventiva, porque como se manifestó en la audiencia de formalización el delito existe y la participación está probada”.
“Creemos que Luis Santander sigue siendo un peligro para la seguridad de la sociedad. Antes ya la habían solicitado y no se las habían concedido”, acotó Duarte.
La defensa de Santander
Alejandro García, defensor público y abogado de Luis Santander, aseguró que “se solicitó la ampliación de plazo de investigación debido a que necesitábamos contar con un perito para una serie de diligencias y faltaba la toma de razón por parte de la Contraloría. Contando con él, podemos realizar el peritaje que esperemos esté listo en el plazo que se concedió por parte del Juzgado de Garantía”.
Sobre la posibilidad de solicitar ampliaciones y con esto colindar los plazos legales, García aseguró que “no lo haremos, en ningún caso. Como señalé, fue un tema administrativo el que nos dificultó todo. Por lo tanto, en cuanto yo tenga la pericia vamos a estar en condiciones de que se cierre la investigación (…)”.
En relación a la petición de revocar la prisión preventiva a Luis Santander, Alejandro García reconoció que es una medida por la que podrían perseverar durante esta semana, teniendo como base un antecedente que, a juicio de ellos, puede ser importante.
“Hubo un peritaje solicitado por la parte querellante, realizado por doña Lilian Bustos, que ha participado en el Caso Ámbar y otros similares. En este, se indica que no hay suficientes elementos que permitan concluir que la niña habría sido objeto de violación”, explicó el abogado.
Finalmente, desde la Fiscalía aseguraron que los plazos podrían variar si es que la parte querellante o la defensa no pide nuevas diligencias. En todo caso, en las actuales circunstancias, al menos desde el Ministerio Público ya estarían listos con sus trámites.
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