Sorpresa causó al interior del Gobierno Regional el significativo aumento de sueldo que han tenido algunos funcionarios de la institución, principalmente pertenecientes al círculo cercano de la gobernadora Krist Naranjo.
Uno de los aludidos es el jefe de comunicaciones de la entidad, Diego González, quien pasó de tener un grado 17 cuando ejercía como periodista del Consejo Regional, a 6 al formar parte del equipo de la máxima autoridad regional.
En lo concreto, en noviembre el profesional tuvo una remuneración de $983.460, y tras el ascenso que implicó un nuevo contrato recibió $2.787.660 en enero.
Si bien lo anterior responde al salario de dicho cargo, lo que llamó la atención de los trabajadores es que además fuera beneficiado con la Asignación de Función Crítica (AFC), que corresponde a un pago “adicional” que se da a quienes cumplen labores “relevantes o estratégicas”.
Esto, a pocos meses de asumir las funciones que en una primera instancia ejerció la periodista Macarena Toro, quien renunció tras diversos conflictos con Naranjo.
Una situación similar vivió su reemplazante Loreto Roco, que terminó solicitando su traslado al Consejo Regional.
Las críticas al beneficio
De acuerdo al Portal de Transparencia Activa, el funcionario registró una renta bruta de $5.729.565 en marzo, que considera el Bono del Programa de Mejoramiento de Gestión (que reciben todos los empleados públicos cada tres meses) y la Asignación de Función Crítica (AFC) descrita anteriormente.
Este último ítem es el que más genera ruido al interior del Gore, puesto que cuestionan que las funciones realizadas por un periodista entren en el selecto grupo de aquellos que reciben el beneficio.
Desde el Gobierno Regional aseguran que esta situación es totalmente legal y está dentro de las atribuciones de la autoridad regional. En tanto, el trabajador aludido declinó referirse al tema.
¿Qué es la función crítica?
La ley considera funciones críticas aquellas que sean “relevantes o estratégicas para la gestión del respectivo ministerio o institución, por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que estos deben proporcionar (…)”.
De este modo, la AFC es un beneficio que nace para mantener personal bien calificado en un cargo de relevancia y es destinada a aquellos funcionarios de planta o a contrata, que sean directivos, profesionales o fiscalizadores, que cumplan funciones importantes para la gestión de ministerio o servicio que desempeñan.
Para recibir este beneficio, los funcionarios deben tener dedicación exclusiva en sus respectivas tareas y no ser receptores de otras asignaciones como las de alta dirección pública y dirección superior.
En conversación con El Día, María-José Lira, abogada y magíster en Derecho Público, explica que en el caso del Gobierno Regional, es la gobernadora, mediante la emisión de un acto administrativo, quien define estas funciones críticas.
En este sentido, Lira agrega que es dicha autoridad la que define cuántas personas, como máximo, la pueden recibir y el período en que la percibirán. “El acto administrativo debe individualizar a los funcionarios que la van a recibir”, precisa.
La abogada manifiesta que la resolución debe ser, previamente, visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para efectuar el pago.
Críticas a Naranjo
Uno de los que ha levantado la voz para expresar su molestia por esta designación, es el consejero regional, Cristian Rondanelli, quien comentó que de acuerdo a la misión y objetivos del Gore, la Unidad de Comunicaciones no tiene ninguna operatividad como para nombrar al profesional en la Asignación de Función Crítica.
“¿Acaso el periodista tiene a cargo fiscalizar, manejar, distribuir o controlar el presupuesto del FNDR Regional? O bien, ¿Depende del periodista el plan de manejo territorial para velar que las brechas existentes sean minorizadas?”, emplazó.
En este punto, Rondanelli critica que la gobernadora Krist Naranjo estime que solo por ser personas de confianza se deba entregar esta asignación.
“Creo que hay un pésimo y, por lo demás, viciado entendimiento de parte de la gobernadora regional respecto de la Asignación Crítica, pues es ella quien designa a quien brindarle este bono”, fustigó.
“Tal como indica la ley, debe ir otorgada en una línea directa por quienes desempeñan funciones en virtud de los objetivos del Gore, responsabilidad de firmas bancarias, por ejemplo, como es el caso de los jefes de división DAF y DIPIR, a cargo de elaborar instrumentos de planificación territorial e implementación”, agregó.
“Asimismo, quienes tienen el rol de fiscalizar el Gobierno Regional y que a su vez la ley les exige entregar un resultado de esta labor, por ejemplo la Jefa de Unidad de Control”, comentó.
Cuestionable, pero no ilegal
En la misma línea, la abogada María-José Lira coincide con Rondanelli sobre que el área de comunicaciones no entraría en la categoría para recibir el bono.
“Si bien es una facultad de la gobernadora definir cuáles son las funciones críticas de su servicio, me parece que el rol de periodista no entraría en esta función”, opinó.
“Si uno se fija en términos de estrategia o de entrega de productos y responsabilidad, creo que es alargar demasiado el elástico respecto a una potestad discrecional en términos de definirlo, pienso que se equivoca”, argumentó la jurista.
La profesional añade que si en la actual gestión existen jefes de división que no reciben este beneficio, es cuestionable que sí lo haga el jefe de comunicaciones.
“Pienso que es una mala decisión, pero no significa que sea algo ilegal. La autoridad incluso se la puede dar tres meses a uno y luego a otro, pero en la medida que informen a la Dipres y no se salga del presupuesto que se tiene proyectado en el año”, concluye.
Falta de carrera funcionaria
Los funcionarios lamentan este tipo de diferencias entre los trabajadores del Gobierno Regional, así como también que no exista una verdadera carrera funcionaria en la institución.
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gore, Náyade Aguirre, señaló que más que ir a un caso puntual, es necesario aclarar que históricamente se ha vulnerado la carrera funcionaria en las distintas administraciones.
“Todo siempre es discrecional, no tenemos una política de personas establecida. Somos evaluados todos los años y esta nunca es considerada para los aumentos de grados”, lamentó.
“Estos ascensos han sido mayoritariamente por cercanía con la autoridad de turno, en desmedro de todos los funcionarios que trabajan cumpliendo una gran labor. Un ejemplo son las personas que trabajan en las otras provincias, que no están visualmente cerca de la autoridad y no son tan reconocidas, esto lamentablemente sigue ocurriendo”, acusa la dirigente.
En este sentido, Aguirre afirma que le han hecho saber a la gobernadora Krist Naranjo de este escenario, pero se ha seguido fortaleciendo la inequidad y vulneraciones a los estatutos administrativos.
“De nada sirve que un funcionario esté con las mejores calificaciones, porque eso no refleja que vaya a tener un aumento de grado o sueldo. Gente que lleva muchos años y no ve ningún incremento, mientras otros ven rápidamente su ascenso”, cuestionó.
“Históricamente, la cercanía a la jefatura facilita el ascenso, lo que genera un ambiente muy servil en torno a todas las autoridades, en desmedro de la gente que hace realmente su trabajo”, lamenta.
Mala práctica de años
La dirigente reitera que esto no solo se vive en la actual administración, sino que las malas prácticas vienen desde hace muchos años, donde siempre prima la percepción y cercanía con la jefatura.
“Nosotros podemos mostrar algunos ejemplos de ascensos que han sido dirigidos en administraciones anteriores y, en la actualidad, esto no se ha corregido. Hemos hecho el reclamo pero sin tener respuesta. Si bien no me ha llegado reclamo de funcionarias que han sido discriminadas, como se comenta, esto es más bien generalizado”, sostiene.
En este contexto, Náyade Aguirre explica que en el caso específico del jefe de prensa de Naranjo, “su traslado viene con un aumento porque es una jefatura y tiene asimilado ese grado”.
“De partida, él como profesional no debería haber estado en grado 17, tendría que haber tenido un 13. Ahora, el intercambio con la colega que recibió maltrato lo favoreció y claramente está al lado de la jefatura”, sostuvo.
“Existe vulneración”
En tanto, Aguirre reconoce que cuando asumió la gobernadora Krist Naranjo pensaron que las cosas iban a cambiar al ser una autoridad electa democráticamente, pero esto no se ha concretado.
Agrega que siguen las prácticas antisindicales y malos tratos. “No daría una mirada de discriminación de género como se señala, pero existe una vulneración general de todos los funcionarios”, finaliza.