Un plazo de 90 días tiene la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para indagar los detalles de la compraventa por parte del Gobierno Regional (Gore) de Coquimbo, de terrenos en el sector de San Ramón por 9.800 millones de pesos.

Adquisición que se realizó como compensación para la Municipalidad de La Serena, luego de que cediera gratuitamente la superficie de la Cordep para la construcción del futuro hospital de la comuna.

La instancia estará integrada por los parlamentarios Matías Walker, Raúl Saldívar, Pedro Velásquez, Sergio Gahona, Francisco Eguiguren, Juan Manuel Fuenzalida, José Miguel Castro, Sofía Cid, Marcelo Díaz, Gustavo Sanhueza, Marcelo Schilling, Raúl Soto y su presidente, Daniel Núñez e iniciará su trabajo durante la jornada de este lunes, a las 12:00 horas. Se espera que sea transmitida por el canal de la Cámara.

Precisamente el representante del Partido Comunista (PC) por la zona, quien, además, solicitó su creación, indicó que esta comisión buscará las responsabilidades políticas y administrativas en las que puedan haber incurrido los funcionarios públicos involucrados en este caso, “particularmente por las evidentes irregularidades que hay en el ‘Papaya Gate’, en donde hay dos cosas que vamos a centrarnos en investigar: primero, porqué se actuó deliberadamente para eludir el rol que tiene la Contraloría de la toma de razón, de la fiscalización de esa compra. Porque es evidente que allí se actuó en forma premeditada para que la Contraloría no pudiera evaluar ese acto. Y en segundo lugar, el otro aspecto clave, es porqué se llegó a un valor de $9.800 millones que era exorbitante o casi el doble de la tasación primera que se presentó”.

Un contrato a escondidas

En septiembre de 2020, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío informó acerca de la adquisición de suelos por parte del Gore a un grupo inmobiliario. Operación que se llevó a cabo sin que pasara por la toma de razón de la Contraloría General de la República. Trámite jurídico previo, obligatorio e ineludible cuando se trata de transacciones del Estado en donde se involucran estos montos.

De hecho, la entidad fiscalizadora ya había rechazado en varias oportunidades el contrato porque no se ajustaba a la normativa. No obstante y sin comunicárselo, el gobierno regional legalizó el escrito en una notaría.

De este modo, el organismo de control comenzó un sumario administrativo y presentó los antecedentes a la fiscalía nacional, la que designó a la persecutora zonal de Valparaíso para investigar un presunto fraude al Fisco. “Papaya Gate”, denominado así por ocurrir en la capital regional, que causó la renuncia de la intendenta Lucía Pinto.

Un mes después, la Unidad de Investigación de diario El Día develó los nexos secretos de uno de los escándalos más bullados de los últimos años, estableciendo vínculos, gracias al acceso a una serie de documentos, de altos funcionarios de gobierno con las inmobiliarias que vendieron los terrenos, arista que indaga la Fiscalía.

“Implicaría fraude al Fisco”

Volviendo a la instancia que analizará este caso, Núñez afirmó que es evidente que existió especulación inmobiliaria, ya que se pagó por las tierras un monto superior a lo lógico para una obra de este tipo, ya que allí solo se construirán instalaciones deportivas.

Con relación a esto, semanalmente se citarán a los principales involucrados en este suceso. Es así como empezarán con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

En este sentido, el diputado aseguró que también citarán a las autoridades de gobierno que se vieron involucradas, tales como Lucía Pinto, ya que ella “firmó todos los documentos estableciendo la compra. He revisado cada uno de los oficios y todos llevan su firma. Por lo tanto, ella tiene que dar la cara y tiene que explicar porque actuó de esa manera, es lo que corresponde…pero también José Cáceres, como encargado de la Dirección de Planificación y otras personas que aparezcan involucradas”.

“Tenemos tres meses o 90 días para hacer la investigación y lo que emanará será un informe, el que contendrá las conclusiones de la comisión, en donde podemos llegar a decir que hay faltas administrativas, responsabilidades políticas y si encontramos antecedentes que involucren delitos; esos se envían a la justicia porque son ellos quienes investigan los delitos”, concluyó.

“Una compra absolutamente desproporcionada”

Por su parte, el también integrante de la instancia, el democratacristiano Matías Walker, indicó que es muy importante que se haya constituido, por cuanto muchas personas de la zona le consultaban por la demora en el inicio de su trabajo y “la verdad, es que hubo todo tipo de maniobras dilatorias por parte de algunos comités, sobre todo, de Chile Vamos, que demoraron la entrega de los nombres de quienes los iban a representar en esta comisión”.

No obstante, agregó que junto a Núñez dialogaron con el presidente de la cámara baja y le hicieron ver que esta no podía seguir demorándose más.

¿En qué está el futuro del hospital de La Serena?

Hace un par de semanas se publicó el llamado a licitación del recinto de salud comunal. Proceso que tendría su apertura técnica en el mes de junio y económica, en agosto. De este modo, a fines del año 2022 o comienzos del 2023, se daría inicio a la ejecución de sus obras, para entrar en operación en 2026. Entre sus características, destaca que tendrá 121 mil metros cuadrados, en los que se ubicarán 668 camas, 15 pabellones, 85 boxes de consultas médicas, dentales y no médicas, 6 salas de atención integral del parto y un servicio de urgencia.