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Este jueves se aprobó la comisión investigadora por el caso denominado “Papaya Gate”, que tiene relación con el proceso de compra de terrenos por parte de la Intendencia de Coquimbo que fue rechazado cuatro veces por la Contraloría General de la República.
Sin embargo, la Intendencia inscribió finalmente un nuevo contrato en una notaría de La Serena sin que pasara por la “toma de razón” del organismo fiscalizador.
En este contexto, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime que se indague las responsabilidades políticas de la ex intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto, en la compra de los terrenos.
El diputado del PC, Daniel Núñez, declaró que “acá hay evidentes irregularidades, faltas administrativas claras, nítidas y por supuesto que uno intuye, también, situaciones muy graves de corrupción”, por lo que hizo un llamado a que se indague a fondo y determine responsbilidades.
El parlamentario también agregó que se debe investigar “otras jefaturas del Gobierno Regional que avalaron, se involucraron e hicieron una serie de artimañas para llevar adelante esta compra irregular que es por una cifra estratosférica de 9 mil 800 millones de dólares y que tiene consecuencias negativas para la Región de Coquimbo”.
Antecedentes del caso
Según lo informado por Contraloría, es ilegal el trato directo para la compraventa de los terrenos sin la toma de razón: “Prescindir del control jurídico de la Contraloría General de la República cuando hay recursos públicos involucrados por más de 9 mil millones de pesos es de extrema gravedad. Por eso la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas por este hecho”.
Tras ordenarse esto, Fsicalía instruyó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que indague el delito de fraude al Fisco
Ahora, la comisión investigadora deberá determinar los actos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el control y seguimiento de todo el proceso de adquisición de los terrenos de parte de la Intendencia de Coquimbo, institución que depende directamente del nivel central.
También investigará todo el procedimiento de compra que realizó el mencionado Gobierno Regional e identificar qué rol y nivel de participación tuvieron en el proceso de adquisición de los terrenos los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social.
Finalmente, se informó que dentro de los próximos días se formará la comisión que tendrá un plazo de 90 días para rendir su informe.
