El pasado 4 de noviembre del caso denominado Papaya Gate llegaba antes de lo esperado a tribunales luego que la defensa de la ex intendenta Lucía Pinto presentara una Cautela de Garantías para tener acceso a la carpeta de investigación debido a que la Fiscalía no había accedido a entregársela. Finalmente se atendió la solicitud y el Ministerio Público puso los antecedentes a disposición de la ex autoridad investigada por el presunto Fraude al fisco cuyo monto asciende a los 9.800 millones de pesos.
La historia completa y en detalle fue contada por ElBarómetro.cl en el reportaje publicado el 21 de octubre, pero recapitulemos. ¿Por qué comenzaron las indagatorias penales? Pues bien, el detonante fue la compra de los terrenos del sector de San Ramón en La Serena, para la implementación de un centro deportivo municipal como compensación a la casa edilicia luego que éstos cedieran gratuitamente los suelos de la Cordep, ya que eran los únicos idóneos donde emplazar el futuro hospital de la comuna.
¿El problema? El Gobierno regional efectuó la transacción con los privados sin la Toma de Razón de la Contraloría que representó el contrato en 4 oportunidades por detectar una serie de irregularidades, la principal, el sobreprecio debido a que las tasaciones iniciales que tuvo en vista el órgano fiscalizador apenas bordeaban los cuatro mil millones de pesos
Tal como reveló ElBarómetro.cl en el anterior trabajo periodístico, el equipo jurídico del Gore –o parte de él-, encabezado en ese momento por Eduardo Espinoza Rodríguez, decidió saltarse la normativa y elaboró un nuevo documento en secreto para concretar la operación.
El segundo escrito no contenía las clausulas especiales –las que sí tenía el primero- que obligaban ser revisado y contar la aprobación del contralor para llevar a cabo el negocio, por ello los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía que decidió investigar posibles delitos económicos. Hasta ahora, en lo que también revelamos anteriormente, los dardos apuntarían a José Cáceres, ex administrador regional y mano derecha de Lucía Pinto, quien mantiene hasta la fecha nexos comerciales con los dueños de las inmobiliarias vendedoras, Guayacán SPA, y otras. Aunque evidentemente, de comprobarse algún ilícito, existirían más involucrados, y, de hecho, funcionarios municipales y otras entidades son objeto de investigación.
No se sabe en qué terminará uno de los escándalos más grandes de la historia en la zona, sin embargo, ya se vislumbran algunas consecuencias en lo inmediato, que tienen que ver con el perjuicio que tendría el FNDR para el 2021 producto de esta operación aparentemente ilícita, la que, además, en términos penales se amplía a la compraventa de los predios en el sector de La Cantera, Coquimbo, por más de $6 mil millones que tuvo lugar tres meses antes y que también fue objetada por Contraloría.
Coquimbo, la nueva arista
En el transcurso de este reportaje, la interrogante estuvo rondando todo el tiempo. ¿Qué sucedería con el contrato de compraventa de los terrenos en La Cantera, en Coquimbo? La adquisición de estos terrenos destinados a la construcción del nuevo Hospital en la comuna puerto, también dio lugar a que la Contraloría instruyera un sumario, por encontrar una serie de “vicios” en la escritura que no pudieron ser subsanados, y la transacción se efectuó sin la Toma de Razón del ente fiscalizador, lo que incluso ocurrió antes del Papaya Gate y los predios de San Ramón en La Serena.
Si bien en este caso no se pusieron los antecedentes a disposición de la Fiscalía en una primera instancia, según afirmaban abogados expertos, era muy probable que en algún momento la investigación en la capital regional se ampliara y llegara a Coquimbo. Claro, hay factores, personas y prácticas en común que hacen difícil separar una compra de la otra.
Finalmente, de acuerdo a información recabada por ElBarómetro.cl, y ratificada por el abogado Mario Zumelzu –representante del ex administrador regional José Cáceres- el Ministerio Público ya comenzó a estudiar el proceso de adquisición de los sitios de La Cantera. Y aunque, insistimos, todavía no se formaliza por ningún delito, de ser así, no sólo sería por los actos administrativos llevados a cabo en la capital regional, por lo que el eventual monto defraudado ascendería de $9.800 a $16.000 millones.