Fiscalía en tela de juicio por brutal femicidio de joven de 22 años en La Serena

En la familia de Yulisa Cerda de 22 años todavía no pueden explicarse lo que sucedió. Sobre todo luego que se conocieran detalles de lo que antecedió al brutal femicidio presuntamente cometido por la pareja de la joven la noche del lunes, cuando le disparó en dos oportunidades mientras se encontraban solos en el inmueble de Las Compañías en donde la víctima residía, provocándole la muerte.

Según se confirmó tras el crimen, la mujer había realizado tres denuncias formales en Carabineros por Violencia Intrafamiliar, y se había dado cuenta a la Fiscalía. La primera de estas acusaciones se realizó en diciembre del 2019, mientras que las otras dos se llevaron a cabo en enero y febrero del 2020.

Si bien existían audiencias programadas derivadas de estos casos, para el 9 y el 30 de abril, debieron postergarse a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El presunto autor del crimen tenía un prontuario de 33 causas.

Al respecto, desde la familia apuntan a las autoridades, en general, ya que “debieron haber ordenado una orden de alejamiento o algo así”, indica Eduardo, cuñado de la víctima, quien vivió con ella en Las Compañías durante sus últimos días.

Seremi apunta a la Fiscalía

La seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de Coquimbo, Ivón Guerra, coincide con los familiares. Asume que hubo errores, y “cosas que se dejaron de hacer”, y en ese sentido es categórica en precisar que la responsabilidad cae sobre el Ministerio Público.

“Aquí el ente persecutor no hizo la pega, y no tengo problema en decirlo públicamente porque aquí hubo una negligencia. Aquí la persona fue a hacer la denuncia en diciembre, después en enero, y después en febrero, pero no se hizo nada”, indicó la autordad.

“Se consideró como algo leve, porque se hizo una mala lectura de la pauta de riesgo y no se tomó en cuenta quién era ni lo peligroso del sujeto agresor, por eso a nosotros no se nos informó nada, teniendo casas de acogida en donde le podemos dar protección a estas mujeres, nosotros como ministerio, entonces, cómo no nos va a dar rabia lo que ocurrió, ellos debieron dar una protección adecuada”, expresó Guerra.

La seremi informó que sostuvo una conversación con el fiscal regional Adrián Vega, y -según Guerra- le habría reconocido el error. Por lo mismo, la autoridad gubernamental le solicitó que se realizaron las investigaciones internas en la institución para que hubiese sanciones reglamentarias.

“Esto no puede seguir ocurriendo, las pautas de riesgo no se ejecutaron bien, no se activó nada en la Unidad Regional de Atención a Víctimas, entonces no funcionó el sistema y alguien tiene que asumir”, indicó, agregando que “ya se están tomando acciones como ministerio a nivel nacional”.

Compañeros de trabajo

Yulisa trabajaba en una sucursal de ProVida en el centro de La Serena, y una de sus compañeras y amigas más cercanas, Tabita Ortiz, relató que la partida de la joven fue una pérdida inmensa para todos. De hecho, el martes por la mañana cuando se enteraron de lo sucedido tuvieron que cerrar el local ya que nadie se encontraba en condiciones de seguir laborando.

Tabita conocía la situación de Yulisa y el sujeto que la agredía. Incluso, muchas veces la vio llegar con moretones en su rostro y marcas en sus brazos, por lo mismo, durante un tiempo incluso la llevó a vivir a su casa para que esta persona no le hiciera daño. Pero no pasó mucho tiempo y la joven decidió volver.

“Es increíble que esto haya pasado. Yo fui testigo de que ella efectuó las denuncias, pero qué más podía hacer, si después de haber recurrido a la justicia tiene que esperar meses para que la citen a un tribunal y en todo ese lapso el hombre está suelto, y puede hacer lo que quiera. Creo que aquí la justicia no ayudó a mi amiga”, cuenta la trabajadora.

Desde la Asociación de Abogadas Feministas, Abofem, la directora regional, Carolina Tello, también ve con preocupación lo ocurrido. Antes que todo, lamenta la muerte de la mujer en manos de su pareja con el que tenía un largo historial de violencia, pero le preocupa de sobre manera el hecho de que pese a que Yulisa hizo caso a todos los llamados en relación a efectuar las denuncias, no recibió una respuesta del sistema que le permitiera asegurar su vida.

“No se instruyeron medidas de protección, lo que me parece grave, y esto habla de la liviandad con la que se toman muchas veces las acusaciones por violencia de género. Si Carabineros da cuenta a la Fiscalía de esto, inmediatamente tendría que prestarse resguardo a la mujer”, indicó.

“Cómo pretendemos que una mujer confíe en el sistema hoy en día si realiza las denuncias, con todo lo que les cuesta hacerlo, después de eso se les deja a la deriva, esperando una audiencia y en el intertanto puede pasar cualquier cosa. No es posible”, enfatizó la abogada.

Consultados, en el Ministerio Público, sostuvieron que no se realizará ninguna declaración “mientras no se desarrolle la investigación del femicidio” y se insistió en que el Ministerio Público presentó requerimientos para juicio en Juzgado de Garantía, derivados de las denuncias”.