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Si bien han bajado las cifras con respecto al año anterior, la acción de bandas en torno a la compra y venta de artículos robados sigue siendo una preocupación para las autoridades de la región de Coquimbo. La agenda corta anti delincuencia ha endurecido las sanciones al respecto.
El delito de receptación es uno de los más habituales entre los delincuentes comunes, sobre todo por la facilidad con que se pueden reducir artículos que son robados, para ser vendidos a un precio inferior al que originalmente le corresponde.
En efecto, se trata de un hecho altamente recurrente y que representa una preocupación para la Policía de Investigaciones (PDI), que mediante diversas campañas busca evitar que personas caigan en la tentación de adquirir productos de dudosa procedencia.
El subprefecto Guillermo Namor, jefe de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, en conversación con El Día, entregó detalles respecto de los procedimientos vinculados con este delito, que durante el presente año ha tenido como resultado 118 detenidos en la Región de Coquimbo hasta el momento.
“Esto quiere decir que son 118 las personas que están financiando la ejecución del delito. El año pasado llegamos casi a las 300 personas, entonces claramente existe la tendencia de comprar especies robadas”.
El delito de receptación, según acotó Namor, “acontece cuando una persona conociendo que una especie es producto de un ilícito, la adquiere por medio de un robo, hurto o estafa. Lo que se busca, conforme lo señala el Código Penal, son especies que son producto de un ilícito, ya sea para comprarlas, venderlas o conseguirlas de cualquier forma. Inclusive, incorpora a todas las personas por las que ha pasado esta especie, ya sea para venderla o para entregarla en prenda o a título de cualquier acción”.
Para que se ponga en marcha el delito de receptación “el producto se adquiere a un valor muy inferior al real, como por ejemplo un vehículo que puede costar $10 millones y que finalmente es vendido en $4 millones. Lo mismo podría aplicarse con un notebook o con un teléfono celular. Así, se entiende que claramente esta especie es producto de un delito y si la policía lo comprueba, entra en esta categoría”, añadió el jefe regional de la Brigada de Robos de la PDI.
A juicio de la autoridad policial, lo que más sustraen las bandas criminales y que más llega al mercado formal o informal son teléfonos celulares, notebooks, tablets y bicicletas.
“Son productos que están siendo vendidos por las bandas organizadas, pero también las tiendas comerciales están siendo afectadas, sobre todo para robar ropa de alto precio, mediante la técnica del alunizaje o mediante el uso de la violencia en las vitrinas. Eso facilita su comercialización a través de las redes sociales o a través del mercado informal. Ahí es muy valiosa la labor que realiza la Brigada de Robos en conjunto con las víctimas, para reportar en base a su experiencia cuando se trata de especies que son de su propiedad o hay alguna especie de marca que indica su procedencia”, afirmó.
A juicio de Namor, las redes sociales están siendo utilizadas como una importante plataforma para la venta de especies producto de ilícitos. “Cuando estas especies son ofrecidas por esta vía y se cita a una persona para juntarse en un espacio público y no hablamos de un lugar establecido o el domicilio de quien vende, claramente su procedencia es el resultado de un ilícito”, señaló.
Duras sanciones
Ciertamente, lo barato cuesta muy caro y la persona que se ve involucrada en estas instancias debe ser detenida por el delito flagrante de receptación y puesta a disposición del Tribunal de Garantía respectivo. Y si hay condenas previas, se pueden hacer cumplir penas privativas de libertad.
La coordinadora regional de Seguridad Pública, Catalina Guzmán, en conversación con El Día, recalcó que “en nuestro plan regional, en coordinación con las policías, hacemos un llamado permanente a que las personas no compren productos de dudosa procedencia, porque es un delito. Pero es muy importante señalar que no sólo cuando me roban estoy involucrado, sino cuando compro artículos robados”, aseveró.
Muy importante, a juicio de Guzmán, es que a través de la agenda corta antidelincuencia “se restringe la aplicación de atenuantes para aquellas personas que cometan delitos de hurto o de receptación. Lo ideal es que no exista una reprochable conducta anterior, y esto también incorpora a la recepción, porque antes sólo había multas en este último caso, pero la situación ha cambiado”, recalcó.
Básicamente, a partir de la nueva normativa, la receptación incorpora una pena de hasta 5 años, al imponer en su grado máximo la pena establecida en el Código Penal, es decir, presidio menor en cualquiera de sus grados, de 61 días a 5 años y multa de 5 a 100 UTM.
Esto es de 221 mil pesos a 4 millones 424 mil pesos si el valor de lo receptado excede los 400 UTM, poco más de 17 millones de pesos. “Llamamos a las personas a no dejarse impresionar por ofertas que son tentadoras y pueden llevar a tomar una mala decisión”, recalcó Guzmán.
